Sólo el tiempo dirá, a plazo fijo, si la estrategia oficial de lanzar avalanchas de anuncios continuados sobre la sociedad le dará la mayoría de votos a la hora de renovar la presidencia. Por el momento, queda por saber si existe la capacidad administrativa del Estado y la competencia de un número adecuado de funcionarios para llevar adelante las diferentes tareas y responsabilidades derivadas de cada iniciativa. La aplicación práctica de la ley de comunicación audiovisual es un desafío enorme para cualquier gestión gubernamental y si no se ven pronto resultados aumentará la frustración de muchos que la apoyaron o simpatizaron con ella. Pese a tales evidencias, sin esperar que se aplaquen los ruidos que produjo semejante movida, la avalancha trajo la ley de reforma política, la reapertura del canje de bonos de la deuda externa, los arrimes al Fondo Monetario Internacional, el presupuesto del próximo año y, sin agotar la enumeración, avanzó la asignación universal de 180 pesos por hijo para las familias que no reciban salario familiar, es decir, los más desguarnecidos. ¿Cuándo duerme la presidenta Cristina? A lo mejor, entre propuestas, en los aviones que la llevan y la traen por el país y el mundo. Ahora mismo está en Chile atornillando acuerdos con Bachelet, incluido un viaje conjunto al Vaticano –las dos en el mismo auto en Roma, con una bandera a cada lado–, antes que en el Palacio de la Moneda las inminentes elecciones reemplacen a la Concertación, después de más de dos décadas de labor ininterrumpida, por el candidato de los conservadores. Siempre es desgraciado, para las izquierdas, el triunfo de las derechas, aunque hayan tenido muchas discrepancias con el gobierno que se pierde.

Hay otro tono en el corazón y en la inteligencia cuando se asiste a una victoria electoral como la de Pepe Mujica del Frente Amplio, en primera vuelta, en todo Uruguay, hasta en distritos rurales que nunca antes habían votado con esa inclinación. Fue puro jolgorio y, además, merecido. En Honduras los más entusiastas podrían celebrar el “acuerdo de reconciliación” que pactaron los golpistas y el presidente constitucional Zelaya, aunque la celebración sería más apropiada en Washington, ya que fue la presión Obama la que determinó el resultado.

¿Argentina no está necesitando de alguna fiesta que levante los ánimos? No se puede vivir con la bronca alzada siempre, porque entonces todo se desmerece. Como el Gobierno peleó con los principales dueños de las noticias, el jueves en lugar de celebrar la asignación universal para cinco millones de chicos (hasta los 18 años), lo único que retumbaba en las pantallas, además de los crímenes de cada día, era el paro parcial de subterráneos y el corte de la Panamericana por un puñadito de veteranos de Malvinas. Lo mismo sucede para contrarrestar a cada iniciativa oficial, lo que de paso aumenta las dudas sobre el impacto real de sus beneficios en la población. Si alguien quiere seguir la vida de este país a través de la información de algunos importantes medios, electrónicos y gráficos, tendrá la imagen de un pueblo sufrido, avasallado, sin ninguna ventaja, al que sus enemigos le hicieron mal de ojo. La yeta es tal que, encima, tiene que soportar a un gobierno populista que no cree en ciertas reglas establecidas por la tradición liberal, pero a veces exagera con visiones paradisíacas.

Como es un país en libertad, importa también la oposición, porque puede ser la alternativa de relevo en 2011 pero, por lo que se ve, la dirigen media docena de caudillos partidarios que están muy lejos de las tallas de Perón, Balbín o Palacios, y las expectativas que había en el cuarto oscuro están cayendo más rápido de lo que algunos pensaron al momento de votar. Tanto es así que algunos críticos absolutos de Kirchner, como Marcos Aguinis, confiesan que la oposición ya perdió la oportunidad de ponerse al frente de la voluntad social y que es el Gobierno, presunto derrotado, el que recuperó el centro del ring.

Los datos más espectaculares de los opositores en las últimas semanas no tienen nada que ver con los temas de los que se ocupa el Gobierno. Uno fue el escrache que sufrió en su provincia el senador jujeño Gerardo Morales, punto alto de la UCR, que derivó en una presunta red de abusadores del presupuesto nacional a las órdenes del matrimonio Kirchner, trámite que ya está en la Justicia. El otro ocurrió en el feudo de Mauricio Macri, que bajo el rótulo de Policía Metropolitana estaría organizando una SIDE paralela, según la versión de Aníbal Fernández. Los macristas sostienen que se trata de una conspiración de la Casa Rosada, mezclada con una interna en la Policía Federal, que inventaron un “topo” para sabotear la aparición de la Metropolitana. A eso hay que agregarle que el presupuesto del año próximo en la ciudad rebaja el gasto en educación pública, de acuerdo con el análisis de legisladores y sindicatos. Más policía, menos maestros, no puede ser una ecuación que satisfaga las ambiciones de los porteños, incluso los que votaron en avalancha al empresario. En descargo del Gobierno de la Ciudad, habría que decir que sus inspiraciones van a reconocerse en el pensamiento conspirativo de la derecha. Por el método del absurdo pueden llegar a pensar que entre los que piden justicia para los autores del atentado a la AMIA existen células de alborotadores, de manera que hay que espiarlos para salir de dudas. Esta visión represiva de la diversidad social, ¿será la base para la seguridad que quieren los porteños?

La verdad es que el movimiento social también pasa por dificultades serias, porque sus identidades se mezclaron y confundieron en los últimos años. Por un lado se dividieron en la relación, a favor y en contra, del Gobierno, y por otro la “politización” desdibujó sus propósitos originales, que era el rescate de los sumergidos a través del trabajo, sin tácticas ni estrategias acomodadas a intereses electorales o de grupo. En la confusión algunos terminaron al lado de la Sociedad Rural y “la mesa de enlace” confundiendo un lockout patronal con la sublevación agraria y el inminente “argentinazo”. Sus enemigos de siempre aprovecharon la confusión para desprestigiarlos ante los ojos del resto de la sociedad, haciendo del perturbador callejero sinónimo de piquetero. No es casual que el procesamiento de Luis D’Elía salga varios años después del hecho juzgado, cuando el gobierno Kirchner, su opción política, está acosado desde distintos núcleos de poder y, de paso, descalifican la eventual protección que ofrece un líder a sus seguidores. Criminalizar y judicializar la protesta social es una campaña conservadora que está ganando adeptos en las clases medias, sin que el propio movimiento logre imaginar una contracampaña que restablezca su dignidad como ciudadanos.

Si los líderes más notorios se desmoronan o descascaran, ¿habrá llegado la hora de “que se vayan todos”? Es difícil pronosticar a la veleidosa opinión pública, sobre todo porque es uno de los momentos de mayor debilidad de la democracia nacional, ya que no hay un liderazgo claro ni mucho menos uno de alternativa. Todo el mundo busca el pelo en la leche, pero muy pocos tienen la actitud propositiva, donde se pueda encontrar un proyecto de futuro. Algunos, como Eduardo Duhalde, aprovechan para colarse al escenario principal y nadie le puede decir nada porque en el remolino todo se revuelve y confunde. De tal manera que el Congreso aprueba leyes que bien aplicadas podrían cambiar la calidad de vida en la Argentina y mejorar mucho los sistemas de representación, pero pasan a la condición de noticias viejas apenas haya un escándalo que las sustituya en la atención pública.

Las críticas de Elisa Carrió al proyecto oficial sobre la obtención de muestras de ADN de posibles hijos de desaparecidos siguen levantando polvareda. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, uno de los organismos más antiguos del país en el área, resolvió por el voto unánime de su comisión directiva expulsar a la líder de la Coalición Cívica por sus declaraciones sobre la supuesta “persecución” a Ernestina Herrera viuda de Noble, dueña del Grupo Clarín e imputada en una investigación judicial por la adopción irregular en 1976 de un niño y una niña, hoy adultos, que podrían ser hijos de desaparecidos.

“Dadas sus declaraciones públicas, absolutamente incompatibles con los principios y valores de los derechos humanos, la mesa directiva ha decidido separar a la señora Carrió de esta institución”, señala el comunicado de la APDH, que copresiden Miguel Montserrat, la hermana Martha Pelloni y el obispo metodista Aldo Etchegoyen. Consultado por Página/12, Montserrat consideró que “con sus palabras Carrió se pone en la vereda de enfrente de los organismos de derechos humanos, junto con los apologistas de la dictadura, los mismos que plantean el olvido y la reconciliación para convivir con criminales y torturadores”. Agregó que el único antecedente de expulsión de APDH es el de Carlos Menem, separado cuando indultó a los represores que no habían sido alcanzados por las leyes de impunidad.

El proyecto que cuestionó Carrió se funda en argumentos de la Corte Suprema de Justicia y fue enviado al Congreso en el marco de un acuerdo de solución amistosa entre Abuelas y el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Establece que si el presunto hijo de desaparecidos no accede a extraerse sangre para conocer su identidad, la Justicia puede ordenar la obtención de material genético por medios alternativos, como el secuestro de ropa o cepillos de dientes. El método ya permitió la identificación de nueve hijos de desaparecidos.

“Esta ley no está dirigida a proteger los derechos humanos, sino que está dirigida a los hijos de la señora Herrera de Noble”, declaró Carrió hace diez días. “Es fascismo puro. El principio de la integridad y de la autonomía personal están por encima. Es una ley de persecución”, agregó. La respuesta de Abuelas fue inmediata: “Esta señora está tan desprestigiada que dice barbaridades, confunde las cosas y, con tal de echar más leña al fuego, nos ofende”, dijo Estela de Carlotto.

“Carrió ingresó a la APDH de la mano de Alfredo Bravo a fines de los ’90, cuando se formó el ARI”, recordó Etchegoyen. “Tenía un discurso relativamente progresista y hacía campaña levantando los nombres de Evita y (Leandro) Alem. Luego giró hacia el centro y en los últimos tiempos tiene un discurso francamente de derecha, que culmina ahora tocando aspectos muy sensibles a los organismos y solidarizándose con Herrera de Noble, como si fuera una víctima.”

El juez Norberto Oyarbide ordenó ayer la detención del abogado Ciro Gerardo James por el espionaje ilegal contra Sergio Burstein, dirigente de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA. Como adelantó en exclusiva Página/12, a principios de agosto, en un juzgado de Misiones se aceptó una insólita denuncia contra Burstein, a quien vincularon con un homicidio y el robo de camiones. Burstein hace veinte años que no pisa esa provincia, pero con ese argumento falso justificaron la intervención de su teléfono para espiar lo que el familiar hablaba sobre la causa AMIA. James recientemente pidió la baja en la Policía Federal Argentina, donde revistaba en la Superintendencia de Investigaciones, la gigantesca división que en su momento lideró Jorge “El Fino” Palacios. Es más, en el juzgado de Oyarbide afirman que “James estaría trabajando actualmente en Asuntos Jurídicos de la Policía Metropolitana”, justito la fuerza que armó Palacios y a la que tuvo que renunciar después de la durísima oposición que le hicieron, entre otros, los familiares de las víctimas del atentado. El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, negó ante este diario la versión del juzgado y afirmó que “James no está designado en la Policía Metropolitana”. Pero de todas maneras, los datos coinciden con lo aportado por una voz anónima que se comunicó con el domicilio de Burstein: “Su teléfono está pinchado y el que está detrás de la pinchadura es El Fino Palacios”. La llamada anónima se tradujo de inmediato en una denuncia y la posterior investigación de Oyarbide no sólo corroboró que efectivamente Burstein tenía el teléfono intervenido –al igual que el empresario televisivo Carlos Avila (ver aparte)–, sino que la pesquisa llevó a la detención del abogado James.

Oyarbide se comunicó ayer con Asuntos Internos de la Policía Federal y les transmitió la orden de captura contra James. Horas más tarde la detención fue concretada y el abogado quedó alojado en la División Drogas Peligrosas de la Federal.

El punto central que llevó al juez a ordenar el apresamiento es que James figuraba como la persona que retiraba los casetes con las escuchas telefónicas, es decir que era la pieza clave del espionaje. Los casetes le eran entregados merced a un pedido del juzgado número 1 de Posadas, Misiones, que en su momento estuvo a cargo de Horacio Gallardo y ahora subroga José Luis Rey. Según afirman en las oficinas de Oyarbide, James retiró no menos de 400 casetes con escuchas telefónicas a Burstein, Avila y a otras personas.

La secretaria actuante del juzgado misionero, Mónica González, dio una versión oficial del expediente radicado en Posadas. Se trata del asesinato del contador José María Piccoli, ocurrido en 2005. Efectivamente, la doctora González admite que se ordenó la intervención del teléfono de Burstein el 10 de agosto de 2009 y se ratificó la orden el 2 de septiembre. Este diario verificó si James seguía en la Federal en ese momento: los datos que maneja el juzgado es que entró en la Federal en 2003, pidió la baja el 8 de agosto de 2009 y a partir de ese momento se tomó licencia hasta que la baja le fue otorgada, el 2 de septiembre.

El dato brindado por la SIDE respecto de quién retiraba los casetes se ratificó luego en Misiones. Desde allí se conoció la declaración de un policía que señaló que fue James, desde la Superintendencia de Investigaciones de la Federal, quien aportó un dato completamente falso que motivó la pinchadura. El abogado denunció que Burstein mantenía diálogos con un comerciante de apellido Leka que está prófugo en la mencionada causa por homicidio y piratería del asfalto. A partir de ese dato trucho, los jueces misioneros ordenaron la escucha.

Todo resultó tan apócrifo que cuando el juez Oyarbide se comunicó con el juez Rey se produjo el siguiente diálogo:

–Mire que Burstein es un integrante de Familiares de las Víctimas de la AMIA– advirtió Oyarbide.

–Ah, entonces debe haber un error –contestó el magistrado misionero, que de inmediato se comprometió a suspender las escuchas. Esto demuestra que no se estaba investigando seriamente ningún homicidio ni robo de camiones, sino que el único objetivo era el espionaje ilegal.

Según afirman en el juzgado de Oyarbide, James era oficial cuarto de inteligencia de la Superintendencia de Investigaciones de la Federal. Pidió su baja en agosto y la obtuvo a principios de septiembre. No sólo Investigaciones fue el reducto de Palacios antes de su retiro sino que a partir de su pase por la Unidad Antiterrorista creó una oficina poderosa en la Triple Frontera. James, por ejemplo, registra numerosos ingresos y egresos del país por Iguazú, es decir que seguramente era parte de la organización armada en su momento por Palacios.

De acuerdo con la investigación, James pasó también por una agencia de seguridad informática y de comunicaciones encabezada por un teniente coronel que ya apareció con antecedentes de espionaje ilegal. Pero lo esencial es que, según afirman en lo de Oyarbide, también estuvo trabajando con El Fino Palacios en la Policía Metropolitana. Este diario dialogó con el ministro Montenegro, que negó terminantemente ese dato, pero al menos eso es lo que afirmaba el propio James: que trabajaba con Palacios en la Metropolitana.

El interés por espiar a Burstein tendría para Palacios varias justificaciones. El integrante de Familiares usaba ese teléfono exclusivamente para comunicarse con otros miembros de la agrupación, con los abogados y con el fiscal Alberto Nisman. Burstein tenía otros seis teléfonos –entre celulares y fijos–, pero ése fue el único intervenido, lo que demuestra que quien protagonizó la movida de la pinchadura sabía con toda seguridad que ése era el número usado para los temas de AMIA.

Palacios tuvo que renunciar el 28 de agosto a la Metropolitana, pero para entonces estaba pendiente la posibilidad de que fuera procesado en la causa AMIA por encubrimiento. Eso se concretó el jueves pasado. El espionaje a Burstein podría tener como objetivo estar al tanto de lo que pasaría con el procesamiento.

Sin embargo, tal vez habría un objetivo mayor: detectar alguna conversación considerada cuestionable para los defensores de los imputados en la causa por encubrimiento y que la escucha pudiera ser luego usada para recusar al fiscal Nisman o al juez Ariel Lijo. Nisman se presentó ante Oyarbide ayer y pidió ser informado sobre las connotaciones del espionaje.

Todo el caso de la escucha a Burstein está produciendo hechos asombrosos. El primero de todos fue la forma en la que se iniciaron las cosas: un hombre llamó a casa del integrante de Familiares y en forma anónima le dijo a la hija de Burstein –que justo atendió el teléfono– que su padre estaba siendo espiado por El Fino Palacios. Burstein no creyó inicialmente lo revelado por la voz masculina. Pero en el viaje a Nueva York, cuando acompañó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para su discurso ante la ONU, en la que ocupó un amplio espacio la cuestión del atentado, lo convencieron de hacer la denuncia. Con Oyarbide a cargo de la causa, la SIDE informó oficialmente de la intervención telefónica y luego el juzgado de Misiones también admitió que de allí salió la orden. Con el dato de que Ciro Gerardo James retiraba los casetes y que él realizó la falsa denuncia en Misiones, el círculo se fue cerrando. Oyarbide indagará hoy a James, pero, al menos por ahora, lo afirmado por la voz masculina anónima se está corroborando paso por paso. Y el Fino Palacios se ubica cada vez más en el centro de la escena.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-133002.html

Suele ocurrir que cuanto más difícil resulta entender un episodio o problema, de cualquier índole, la respuesta adecuada sea la más sencilla. Lo complicado es que la elementalidad del diagnóstico suponga facilidad de solución. Una vez más, aquello de que lo difícil no es explicar la realidad sino modificarla.

Hay la lamentable sensación de que el insólito operativo en el Grupo Clarín concluyó por empiojar el debate sobre la ley de medios audiovisuales. Hablar de “debate” es en realidad demasiado pretencioso, porque esa palabra debería remitir a cierto piso de estatura profesional en la observación del objeto de estudio. Y lo que rige hasta ahora, por parte de los núcleos de poder que cuestionan el proyecto, es simplemente una crítica feroz apoyada en denuncias políticas que no logran justificar técnicamente. Una campaña salvaje, motorizada por la inquietud corporativa frente a los negocios formidables que se ven afectados, no es un debate. Es una disputa de correlación de fuerzas. Este punto es imprescindible para encuadrar lo sucedido la semana pasada. Y después, para resignificarlo de acuerdo con lo que hay en juego. Está clarísimo que Clarín es el principal beneficiado por esa asombrosa requisa impositiva, para cuya inoportunidad política no alcanzaría calificativo alguno. Aun cuando se contemplen los niveles de arrebato y ensimismamiento de que hacen gala los Kirchner, pensar que pudieron haber ordenado una cosa así, o que un descerebrado obró por las suyas bajo simple ignorancia del titular del organismo oficial, es afrentar al sentido común. Fuentes muy directas, de acceso presencial a lo que se vivió en Olivos el jueves a la noche, ya informaban de una maniobra de servicios de inteligencia en o desde las segundas líneas de la AFIP. Y después, un peine ¿complementario? de esa inferencia derivó en que se hablara de una pantomima financiada presuntamente desde fuera del organismo, aunque todavía sin clarificar ni la fuente de financiación ni el origen del despampanante poder demostrado. Le hicieron al Gobierno una cama de aquéllas, pero, muy lejos de atenuar la responsabilidad de los K, la agrava. Meterse sin más red que la confianza en sí mismos en una guerra de este tamaño, mucha más violenta que la del “campo” porque hay en danza el poder multimediático, es una irresponsabilidad enorme. Hace siete días, esta columna recaía en la pregunta de si el oficialismo tiene espaldas de amplitud y movilización para enfrentar a contendientes semejantes, así sean circunstanciales. Y frente a esta grosería de un batallón de inspectores en el corazón del bando contrario, sirviéndole en bandeja la victimización, cabe preguntarse cómo es posible que se les escape la tortuga de los servicios. Ya sea porque fue ahí desde donde se maniobró, o bien porque no supieron prevenir una jugada en la que intervino más de un centenar de personas. Hay aspectos incontrolables incluso calculándolos, como el vice Cobos usando su despacho para juntar a toda la oposición contra el proyecto. Una actitud repugnante, digna de un inmoral, elegido por las corporaciones de “prensa” como el candidato casi perfecto si no fuera por las reminiscencias delarruistas que porta. Eso no puede evitarse y desde una mirada especulativa hasta puede verse como favorable, porque sirve para ratificar y exponer a la tropa que se enfrenta. Pero la desidia a propósito de las maniobras serviciales es imperdonable. Que los hayan operado en esta forma habla pestes de cuánto hay en el kirchnerismo de muñeca política y capacidad de imprevisión.

¿Qué esperaban al encajarse, por las razones que fueran, contra los negocios de quienes conducen, virtualmente, la información y la agenda opinativa del país? Les sacaron el fútbol, les niegan la fusión del cable, les meten la norma japonesa para digitalizar y largan un proyecto de ley que les reduce al 35 por ciento la penetración de mercado. ¿Una batería así y descuidaron la SIDE? Nadie está exento de sufrir operaciones. Pero vaya con la diferencia entre no poder eludirlas por descuidos o yerros tácticos y carecer de una estrategia global. En esto último se incluye la mala, pésima, comunicación gubernamental para explicar con eficiencia las características de un proyecto sobre medios que ha sido una construcción mucho más vasta que la de oficinas oficialistas. Gente que lleva años trabajando en esto. Que tiene livianas o profundas diferencias con los K o con sus modos, pero que sabe separar lo principal de lo secundario. Gente que sabe entender a la mediática como la más decisoria de las estrategias en el engranaje de poder. No se puede rifar tanto trabajo dejando flotar el recelo de que ésta es nada más que una guerra contra Clarín. La incluye, desde ya, como abarca también a otros sectores a los que ese y otros medios sirven de parlante. Pero no puede acabar ahí. Hay que informar infinitamente mejor. Hay que desnudar las mentiras esparcidas por los afectados o los pusilánimes, a diestra y siniestra. Porque mienten cuando dicen que el Estado se quedará con todo, mienten cuando afirman que se pueden quitar las licencias cada dos años, mienten cuando no dan cuenta de que ningún país del mundo “serio” –como dicen ellos– permite una concentración de medios como la Argentina. Mienten, pero el Gobierno no sabe comunicar que mienten. Su política de información pasa más por marketineo fraseológico que por data concreta. Están sujetos al arbitrio de las peleas solitarias que libran algunos pocos entendidos, y otros pocos analistas sueltos, contra la maquinaria infernal de goteo permanente, incansable, taladrante, de grupos mediáticos y socios ideológicos. Quitarles el fútbol fue poco menos que terminal para su estructura de ingresos, y algunos aspectos azarosos hicieron que los nervios terminaran de estallar. Si la Selección Argentina de fútbol no se clasifica al Mundial, la pérdida de publicidad será un mazazo rematador en sus proyecciones de ingresos. ¿O alguien piensa seriamente que estamos hablando de libertad de prensa?

Es momento entonces de volver al principio. A la sencillez de lo complejo. Con esta ley se mide eso que la derecha llama “calidad de las instituciones”, y que sirve para saber cuánto las instituciones responden a la derecha. La batalla con los campestres fue un gran primer round que ganaron éstos, al convencer a las capas medias –con la ayuda de los horrores procedimentales del Gobierno– de que debían hacer propio el discurso de las patotas agrarias. Y ahora hay ésta, la más grande, que verificará si es posible (comenzar a) avanzar contra los cíclopes mediáticos dueños del mensaje. Si no hay tenida eficaz con ellos, no la habrá contra ningún factor de poder. Lo que pase con esta ley constatará la auténtica valentía de nuestra democracia. Porque la suerte de este proyecto mide, quizá como nunca, lo que se puede y lo que no en este país.

Las radiaciones electromagnéticas de un conjunto de antenas y transmisores de radio y televisión instaladas en un edificio del microcentro de Buenos Aires y en un predio en el partido bonaerense de San Martín, lindero con la Capital Federal, superan los máximos autorizados por una resolución del ministerio de Salud de 1995, de acuerdo con una medición realizada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI. Una comisión intersectorial creada por el ministerio de Salud debe pronunciarse ahora sobre los efectos de esas radiaciones no ionizantes sobre la salud. El edificio del microcentro es el Alas, en Leandro Alem entre Córdoba y Viamonte, que pertenece a la Fuerza Aérea. Allí funcionan las plantas transmisoras de los canales 11 y 13 de televisión y de las radiodifusoras Buenos Aires (Rock&Pop) y Cadena 3. El de la provincia de Buenos Aires está en las avenidas General Paz y de los Constituyentes, sede del Polo Tecnológico Constituyentes, una Sociedad Anónima con mayoría estatal integrada por el propio INTI, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Universidad Nacional de San Martín, el Servicio Geológico Minero Argentino y el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF). En ese sitio están instaladas las plantas transmisoras de las radios Mitre y La Marea, en Amplitud Modulada, y Amadeus, en Frecuencia Modulada. Hasta hace dos semanas, Amadeus pertenecía a Daniel Hadad, quien con la misma antena y en la misma frecuencia opera ahora la radio para adolescentes TKM. Además hay una discusión jurídica entre el ministerio de Defensa y las empresas de radiodifusión por la vigencia de los contratos de locación. No está claro cómo incidirá esta situación en la disputa entre el Grupo Clarín, que en el último año apoyó con ardor militante el proyecto destituyente de las patronales agropecuarias y a los partidos de oposición, y el Estado Nacional, que respondió con la apertura de la venta de pliegos para instalar nuevos cables que había sido cerrada hace una década por el gobierno radical, la rescisión del contrato con la AFA para transmitir partidos de fútbol, la negativa del COMFER a la fusión de Cablevisión con Multicanal y el envío al Congreso del proyecto desconcentrador de servicios audiovisuales. En un alarde de objetividad que ratifica la conveniencia del proyecto, Clarín lo menciona en el diario, la radio y la televisión, abierta y por cable, como “Ley K de medios” o “Ley para controlar a los medios”.

Mediciones

En el edificio ALAS viven y trabajan más de 800 personas, entre ellas casi 300 niños. Los habitantes son personal civil y militar de la Fuerza Aérea y del ministerio de Defensa. Desde 2007 mostraron inquietud por los posibles efectos de las radiaciones de los transmisores sobre su salud y el ministerio solicitó que la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y el INTI midieran esas emisiones electromagnéticas. La CNC no detectó valores que superasen los de la máxima exposición permitida (MEP), establecidos por las resoluciones 202/95 del Ministerio de Salud y Acción Social y 3690/04 de la CNC. Para el rango de frecuencias de 10 a 400 MHz, que corresponde a las emisiones de mayor potencia desde el edificio, el máximo admisible de Campo Eléctrico es de 27,5 V/m (voltios por metro). En cambio el INTI detectó que en varios puntos del edificio ALAS las radiaciones superan ese valor y en algunos hasta las triplica. La medición estuvo a cargo del ingeniero Juan Carlos Mollo, del Centro de Electrónica e Informática del INTI. Se realizó desde el propio edificio y desde la terraza del que a media cuadra de allí ocupa el Ministerio de Trabajo. Consultado para esta nota, Mollo dijo que el papel del INTI es sólo técnico y que acerca de los efectos que pueden tener las radiaciones sobre la salud deben expedirse médicos o biólogos. La ex ministra Graciela Ocaña resolvió en junio crear una comisión intersectorial e invitó a designar representantes a la CNC, las secretarías de Comunicaciones y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a la Defensoría del Pueblo de la Nación y al Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE). Sus integrantes “no deberán tener vínculos laborales o compromisos comerciales con las empresas que explotan la actividad”. La semana próxima vence el plazo fijado en esa resolución 674/09 para que produzca su primer informe. Pero como es más fácil redactar órdenes que estudiar fenómenos complejos sobre los que es tanto lo que se sabe como lo que se ignora, según la oficina de prensa del ministerio aún está “en proceso de creación”.

La alarma

El Informe del INTI indica que los pisos inferiores recibían la radiofrecuencia desde la terraza por la cañería del sistema de aire acondicionado y los radiadores de calefacción. En la terraza había muchas pantallas y estructuras, varias abandonadas. Esto genera una desviación de las radiaciones y las reirradia. El nivel de campo eléctrico en la terraza era tan alto que sólo se realizaron mediciones desde dos puntos, porque el personal del INTI no tenía trajes protectores de la radiación. Sólo los posee el personal de Canal 13 que realiza tareas de mantenimiento allí. Uno de ellos llevaba un medidor de densidad de potencia provisto por Canal 13, que alerta si detecta una fuga importante de radiofrecuencias. El empleado mostró que el medidor no acusaba nada anormal, pero el ingeniero Mollo advirtió que tenía las baterías agotadas. Cuando se las cambiaron, marcó emisiones por encima del límite y sonó la alarma. El funcionario del Canal se asustó. “Casi se desmaya”, dijo Mollo. Luego de esas mediciones, el personal de Telefé pidió a la gerencia trajes de protección. El INTI midió las radiaciones hace poco más de un mes. Los transmisores marca Harris de los canales 11 y 13, de 30 kW de potencia pico de sincronismo, estaban funcionando a la mitad de su potencia nominal de salida. También hay un transmisor de música funcional. Las conclusiones del informe sostienen que en la última década se generó un aumento de la potencia instalada de transmisión sin tomar en cuenta los niveles de radiaciones y se incrementó la cantidad de antenas. Además se constató la presencia de numerosas antenas de microondas sin identificar, de antenas y elementos metálicos fuera de uso que reirradian campo electromagnético, lo mismo que las estructuras de antenas adosadas a los muros del edificio. Los estudios que la Organización Mundial de la Salud realiza desde 1996 no permiten afirmar con certeza que esas radiaciones produzcan daños biológicos o psicológicos mensurables, pese a lo cual se establecieron máximos admisibles. La Argentina fue uno de los primeros países en hacerlo. Pero hay un creciente conocimiento empírico. Las periodistas de Clarín Silvina Heguy y María Eugenia Cerutti publicaron un libro impresionante, “132.000 voltios. El caso Ezpeleta”, sobre un barrio del partido de Quilmes donde varios cables de alta y media tensión llegan a una subestación eléctrica. La manzana que la rodea fue diezmada por el cáncer: hasta el 30 de julio de 2006 habían muerto 14 vecinos y enfermado otros 17.

El Polo Tecnológico

En el Polo Tecnológico Constituyentes la investigación fue iniciada a pedido de su presidente y al mismo tiempo titular del INTI, ingeniero Enrique Martínez, a raíz de las interferencias de los campos electromagnéticos en los sensibles equipos de medición de los distintos laboratorios, sistemas de computación, teléfonos y hasta cajeros automáticos. En marzo la CNC verificó la interferencia de las emisiones de Radio Mitre en las líneas telefónicas de CITEDEF y la intimó a hacerlas cesar. En junio, la División Antenas y Propagación del Centro de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa verificaron “el grave daño que causan a los sensibles equipos de medición de los entes de investigación”. Los valores medidos superaron en cien veces los establecidos en la resolución 329/2000 de la Secretaría de Comunicaciones. Mitre alquiló al Ejército el predio de 2500 metros cuadrados en el que instaló su planta transmisora, de acuerdo con el régimen de contrataciones públicas. En abril de este año, ya vencido el contrato, el Ejército intimó el desalojo. Radio Mitre argumentó que eso contradecía la decisión del Poder Ejecutivo que en 1983 le otorgó una licencia por 15 años, la prorrogó por otros diez en 1998 y por otro tanto en 2007, y solicitó que el contrato se extendiera hasta el vencimiento de esa licencia, en octubre de 2018, invocando el carácter de servicio público de la radiodifusión.

El caso de Clarín

La operadora del Canal 13 es Artear, sigla de Arte Argentino, una de las empresas del Grupo Clarín. En el edificio ALAS posee ocho antenas ubicadas en la terraza, un departamento de un centenar de metros cuadrados en el piso 40 donde funciona la planta transmisora, otro de 30 metros cuadrados en el piso 39 y un espacio en el subsuelo para la instalación de un generador eléctrico. En la terraza y los pisos 40 y 39 es donde se registraron las mediciones más altas. La ocupación de esos espacios comenzó en 1960, según contratos de los que la Fuerza Aérea no tiene constancia documental. En febrero de este año Artear adujo que la renovación del contrato era automática si ninguna de las partes lo denunciaba y solicitó una audiencia con la ministra Nilda Garré. En 2003 Canal 13 pagaba por esos espacios un canon de 5.500 pesos mensuales. En abril de este año el Tribunal de Tasaciones de la Nación lo fijó en 13.500 pesos mensuales. En la audiencia con Garré los directivos de ARTEAR dijeron que la antena y la planta transmisora eran “el corazón del canal 13”. En una segunda reunión se les notificó la conclusión de un sumario administrativo sobre los contratos. El único registrado se firmó en diciembre de 2003, venció en diciembre de 2008 y se prorrogó hasta fin de este año, pero soslayó el régimen de contrataciones públicas: no hubo expediente, publicidad ni licitación. Esto permitiría al Estado revocarlo, dada su absoluta nulidad. ARTEAR dijo que el ministerio actuaba de mala fe, con una actitud persecutoria, dado que de otro modo convocaría a una licitación pública para su regularización. El ministerio negó esa intencionalidad: desde la asunción de Garré está regularizando la situación de todos los edificios asignados al uso militar y en casos con menores irregularidades separó a los funcionarios que actuaron y los denunció ante la justicia. Según ARTEAR el traslado de las estructuras a un nuevo emplazamiento sin afectar la transmisión del canal no llevaría menos de seis meses, por lo cual pidió que se revisara la decisión. Ambas cuestiones, igual que la separación de los cables y las obligaciones de desinvertir en caso de aprobarse la ley que discute el Congreso, terminarán en la justicia, donde la ideología y la corrupción juegan en contra del intento de democratización del espectro de las comunicaciones.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-131266.html

“Hay que quemar a las ratas que viven en el barrio de atrás.” La fórmula –referida a los habitantes de un barrio precario y enunciada por un candidato a concejal en Gálvez, provincia de Santa Fe– permite asomarse a la trama social de esa pequeña localidad, microcosmos que quizás ilustre problemáticas más amplias. Gálvez, situada en el centro de una zona sojera, experimentó un auge económico e inmobiliario en los últimos años. El enriquecimiento de algunos habría atraído a bandas delictivas de otras zonas, que efectuaron asaltos violentos. Entretanto, el “barrio de atrás” no participó del auge: sólo diez casas se construyeron allí, por donación de un municipio de Italia; y, en los últimos meses, al bajar la construcción en los barrios de adelante, los habitantes del de atrás se quedaron sin trabajo. Así las cosas, el municipio actuó: formó una junta vecinal contra la “inseguridad”. Y el candidato que propone quemar a los “de atrás” asegura que “toda la gente del pueblo me llamó para apoyarme”. El aspirante a incendiario pertenece al PRO, pero sus palabras “no forman parte de nuestro pensamiento”, aseguró el titular provincial de ese partido. Forzado por las presiones internas, anoche renunció a su postulación.

El pedido de “quemar a las ratas” fue formulado, ante un canal de televisión local, por Julio Fornari, candidato a concejal por el PRO para las elecciones legislativas provinciales del 27 de septiembre. “Me robaron otra vez. Esta gente son como las ratas, tienen cría todos los días”, agregó, e insistió: “Voy al frente, hay que prenderles fuego, es la única forma”.

En diálogo con Página/12, Fornari explicó que “tengo un negocio muy grande de agroveterinaria, pesca y armería, y me robaron tres veces: la última vez rompieron una vidriera y se llevaron armas y un GPS. Pero la policía me llamó; con el patrullero y mi camioneta los perseguimos pero dejaron una parte de lo robado y se escaparon. Después dije esa barbaridad que no tendría que haber dicho: fue una burrada. Pero toda la gente del pueblo me llamó para apoyarme: dije lo que nadie se animaba a decir”.

Fornari agregó que “con gente importante del pueblo, organizamos una cooperativa para crear una empresa de seguridad, que vigile de noche. Hay que cuadricular el pueblo. Si a las tres de la mañana hay chicos en la calle, ‘¿Vos qué tenés que hacer fuera de tu casa?’: los vigiladores llamarán a la policía para que, si los padres no van a buscarlos, los retengan hasta las siete de la mañana. Lo mismo si aparece algún extraño: acá nos conocemos todos y los vigiladores van a ser gente de acá, gente mayor; si alguien no identificado entra en una casa, avisarán a la policía”.

Mario Fissore (Partido Justicialista) es intendente de Gálvez: en esa condición, “y también como presidente de la Junta de Seguridad Urbana Municipal, repudio esas expresiones que tratan a las personas como ratas”, dijo a este diario y destacó que “ya se ha efectuado la denuncia al Inadi”. Agregó que las declaraciones de Fornari “son rechazadas por la población y, sin duda, por los habitantes de ese barrio”.

El intendente galvecino contó que el barrio de atrás “es un barrio de gente humilde: se llama Santo Stéfano, en referencia a la comuna italiana que tiene un hermanamiento con nuestra municipalidad y aportó fondos para construir diez viviendas: con el tiempo, se sumaron otras viviendas, precarias. Un relevamiento efectuado por este municipio muestra que son gente de Gálvez, más algunos parientes llegados de otros lugares”.

Gálvez, a 80 kilómetros de la ciudad de Santa Fe y 120 de Rosario (no confundir con Villa Gobernador Gálvez), tiene 22.000 habitantes. “Está rodeada de campos con producción muy importante: soja, girasol, maíz, tambos –enumeró el intendente–: en 2004 y 2005, gracias a la política económica, creció mucho: el desempleo, que en 2001 llegaba al 21 por ciento, bajó al 7 por ciento; se invirtió mucho en la construcción. Pero en estos últimos tiempos el empleo ha menguado”.

El intendente Fissore admitió que “hemos tenido problemas de seguridad: hubo cinco o seis casos de familias pudientes atacadas por bandas organizadas que, según la policía, venían de afuera de la ciudad. Después, lo de todos los días: robos menores. Afortunadamente, la Junta de Seguridad Municipal, en la que participan distintas instituciones, logró que el gobierno provincial instalara un comando radioeléctrico y una subdelegación de drogas peligrosas”.

Anoche, Marcelo Mainetti, titular del PRO santafesino, afirmó que las declaraciones de Fornari “no forman parte del pensamiento del PRO ni son compartidas por ninguno de nuestros candidatos: le exigimos que se rectificara”. Durante toda la tarde, dirigentes de ese partido intentaron convencer a Fornari de que renuncie a la candidatura y hasta salieron a anunciarla antes de que sucediera. Recién a la noche, Fornari dio un paso al costado.

“Ahora es cuando.” La frase se fue convirtiendo en una señal de identidad entre las organizaciones de la sociedad civil que impulsan la democratización del mapa de medios en la Argentina. Era una frase que describía el clima de urgencia, la determinación de no seguir postergando el debate para modificar la ley 22.285, heredada de la dictadura. Esa exigencia de no esperar tendrá su primera coronación hoy a las 11, cuando la Presidenta anuncie la presentación del proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales al Congreso. El acto será en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, pero tendrá su eco en la Plaza de Mayo. Allí se reunirán medios comunitarios, ONG, movimientos sociales que forman parte de la Coalición para una Radiodifusión Democrática. Tras el discurso de CFK, el público se movilizará hasta el Congreso como un gesto de acompañamiento y apoyo al proyecto. La iniciativa que se presentará en la Parlamento no es exactamente la misma que se anunció el 18 de marzo en el Teatro Argentino de La Plata. En el tiempo que pasó desde entonces, y como consecuencia de los 24 foros de debate que se realizaron a lo largo del país, el texto original recibió cincuenta modificaciones.

Los foros contaron con el auspicio de 11 gobernaciones y 25 universidades nacionales. Las modificaciones que se incorporaron al texto original provienen de los aportes de los participantes. Otros cambios surgieron de documentos girados por correo al Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) o de mails que se recibieron en el organismo. El nuevo proyecto, con las cincuenta modificaciones que quedaron tras la sistematización de 1200 aportes individuales, fue enviado a Presidencia y a la Secretaría Legal y Técnica el 10 de julio.

Los cambios más importantes tienen que ver con las controversias que había despertado el anteproyecto original: la revisión de licencias cada dos años, la convivencia entre cooperativas de servicios públicos y distribuidoras de TV por cable de alcance local en el Interior, el desembarco de las telefónicas a la comunicación audiovisual y la regulación para el triple play. Otros cambios apuntan a ampliar los derechos de pueblos originarios, hacer más federal el funcionamiento de la Defensoría del Público y declarar el espectro radioeléctrico como un bien público. A continuación un punteo de las principales modificaciones al texto original.

- Revisión de licencias. El artículo 38, en su redacción original, dispone que cada dos años se revisarán las licencias en poder de los adjudicatarios. La oposición planteó que el artículo permitiría que el Gobierno ejerciera un poder discrecional para cambiar las reglas y digitar el escenario tecnológico cada dos años. En el Gobierno aseguran que con la nueva redacción del artículo se ofrecerán garantías claras de que no va a haber discrecionalidad en la distribución de licencias. La constatación bianual tendrá como único objetivo evitar que la incorporación de nuevas tecnologías en la comunicación audiovisual –la famosa digitalización– termine distorsionando el espíritu de evitar la concentración y preservar la pluralidad.

- Pulseada entre cableoperadores locales y cooperativas de servicios públicos. Esta situación se produjo principalmente en localidades alejadas de los principales centros urbanos, donde los servicios de electricidad y teléfonos son brindados por cooperativas de usuarios. El artículo 23 excluye a las prestadoras de servicios públicos de la posibilidad de ofrecer servicios de comunicación audiovisual. En el artículo 25 se plantean las excepciones a esa regla. Allí se establece que las personas de existencia ideal sin fines de lucro –léase cooperativas– pueden dar esos servicios pero con una condición: antes deben pedir un dictamen de la Comisión de Defensa de la Competencia. Si ese organismo considera que las cooperativas no se quedarán con más del 35 del mercado, las cooperativas podrán desembarcar en el negocio de la TV por cable. Las pequeñas empresas de distribución de cable habían planteado que si las cooperativas ingresaban en la actividad les resultaría imposible competir con ellas. “Vamos a ofrecer condiciones de convivencia”, responden en el Gobierno.

- El triple play y las condiciones para que las telefónicas puedan ingresar al negocio del cable. El mismo artículo 25 plantea que las telefónicas privadas con una lógica comercial también podrán ingresar al negocio de la distribución por cable –lo que haría realidad el famoso triple play, la posibilidad de brindar Internet, teléfono y cable en un mismo soporte– si antes cumplen con una serie de requisitos bastante exigentes: interoperabilidad de redes, portabilidad numérica y demostrar que el 70 por ciento del capital es de origen argentino. En el Ejecutivo dicen que el proyecto establecerá mecanismos de seguimiento para controlar la composición accionaria de cada telefónica que pretenda desembarcar en la actividad audiovisual.

“Estamos en serias dificultades” porque existen “fuerzas muy poderosas que quieren frenar todo camino que ayude y aliente espacios de vida y de justicia” y que “se desentienden totalmente de la realidad de los pobres, aunque los utilicen para sus propios fines”, señalan en un mensaje casi un centenar de sacerdotes católicos identificados como Grupo Nacional de Curas en la Opción por los Pobres. Hacen también una crítica severa a los medios de comunicación, en particular a los “oligopolios multimediáticos” que “no parecen responder a una sincera pasión por la verdad, sino a intereses políticos o económicos que nunca se han caracterizado por defender a los pobres y sus proyectos”. El documento, difundido al finalizar un encuentro de tres días realizado en Florencio Varela, señala sin embargo que éstos también son “momentos de esperanza, momentos de desafío como pueblo”.

En el mensaje se advierte sobre la existencia de “elementos peligrosos para nuestro presente”, entre los que se destaca “un reforzamiento político de los sujetos de poder absolutamente indiferentes a la vida y muerte de los pobres, sean personajes de la llamada Mesa de Enlace, de agrupaciones empresarias –sean la Unión Industrial o la autodenominada Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas–, o sectores de la política, muchos de ellos triunfantes en las recientes elecciones”. En tono autocrítico, los curas dicen que “hay entre nosotros anti-testimonio” y que “ciertos sectores de la jerarquía eclesiástica proponen modelos eclesiales de siglos pasados”.

El grupo de sacerdotes –tradicionalmente identificado con figuras como los asesinados Carlos Mugica y el obispo Enrique Angelelli– se reúne cada año desde hace más de veinte para reflexionar sobre su trabajo en los barrios y sectores populares. De estos encuentros no participan miembros de la jerarquía católica y es habitual que al término de cada reunión se emita un mensaje como el difundido ayer.

“Hay fuerzas muy poderosas que quieren frenar todo camino que ayude y aliente espacios de vida y de justicia: fuerzas que se desentienden totalmente de la realidad de los pobres, aunque los utilicen para sus propios fines; fuerzas que sólo buscan enriquecerse, aunque empobrezcan más y más la tierra, las aguas y los hermanos; fuerzas que no temen manipular la opinión pública y si fuera necesario acompañar todo proceso destituyente mirando sólo sus propios intereses y no el bien común; fuerzas sólo preocupadas por el incremento ilimitado de su patrimonio sin una genuina preocupación por una justa distribución de la renta, la tierra y la vida digna”, señalan los curas. El mensaje está suficientemente cuidado como para que cada denuncia o señalamiento aparezca contrastado con afirmaciones de esperanza y de aliento. Por eso, a renglón seguido los sacerdotes subrayan que ven “también espacios de vida y esperanza que nacen particularmente de los pobres, de su fe, de su resistencia y su amor a la vida”.

Entre las cuestiones puntualmente denunciadas, los curas marcan “palabras y actitudes antidemocráticas y sumamente peligrosas para nuestro futuro en dirigentes sociales, políticos, sindicales y eclesiásticos del país y del extranjero”, así como “un aumento del poder y la influencia de los medios de comunicación, capaces de instalar candidatos y temas, y a su vez de voltearlos sin preocuparse en nada por el bien de la patria y la vida de los pobres”. A ello se agrega “un peligroso recrudecimiento de tensiones ideológicas, que nos recuerdan los peores momentos de nuestra historia y del mundo” y “una crisis peligrosa de legitimidad en todos los ámbitos de lucha y participación ciudadana, especialmente el ámbito político”.

En el terreno internacional advierten sobre las consecuencias de la crisis económica, las revueltas en Santa Cruz de la Sierra, las nuevas bases militares en Colombia, las matanzas de indígenas en Perú y el golpe de Estado en Honduras –donde no ahorran críticas a la jerarquía eclesiástica que se alió con los golpistas–.

Hay, dicen los curas, “una dolorosa incapacidad de ciertos sectores de la jerarquía eclesiástica, que proponen modelos eclesiales de siglos pasados y parecen incentivar cazas de brujas y no modelos capaces de dar la vida por su pueblo, la liberación y el florecimiento del reino de Dios”. Pero frente a todo lo anterior destacan también “una serie de caminos y proyectos que nos invitan a recordar que otro mundo es posible” y presentan “pequeños o grandes signos de resistencia y vida como vemos en comunidades, pueblos o en algunos dirigentes sociales y gobiernos de países hermanos; el camino de nuevas organizaciones, de participación ciudadana, redes sociales particularmente entre los pobres, y el fortalecimiento de la sociedad civil”, en particular la lucha “de nuestros hermanos indígenas”.

HABITAN EN HOTELES PORTEñOS Y VAN A SER DESALOJADOS

“Colchonazo” para reclamar un techo

“El 31 de diciembre próximo, gracias a (Mauricio) Macri, 290 familias nos quedamos en la calle.” Ayer al mediodía, Gladys Araujo y varias decenas de mujeres y niños protestaron con un “colchonazo” en contra de los “desalojos masivos e ilegales del Gobierno de la Ciudad y por una definitiva solución habitacional para todos los habitantes de los hoteles familiares”. Los manifestantes comenzaron el reclamo frente al edificio de los tribunales administrativos porteños, luego se trasladaron a la Legislatura y, por último, acomodaron sus colchones sobre Avenida de Mayo y Bolívar, frente a la Jefatura de Gobierno.

Cerca de las 12, en Roque Sáenz Peña y Bolívar, los manifestantes del Frente de Hoteles porteño comenzaron a desenrollar uno a uno los destartalados colchones. “Es la segunda protesta que hacemos en menos de un mes. Dos días después de las elecciones (el 2 de julio último), el jefe de Gobierno firmó el decreto (574/09) para desalojarnos definitivamente a fines de este año. Como está la feria judicial, es probable que ni siquiera podamos apelar”, relató a Página/12 Gladys, con la furia de quien vive hace nueve años en una habitación de hotel con su marido, sus cuatro hijos menores, su nuera y su pequeña nieta.

Son casi 300 las familias afectadas por la decisión del Ejecutivo porteño. “Lo peor es el cinismo, el Programa Hoteles debía concluir el 17 de agosto; sin embargo, Macri lo extendió hasta diciembre para que pudiésemos pensar qué hacer con el soborno que nos ofrece para que no reclamemos por nuestro derecho a una vivienda definitiva –ironizó la mujer–. En realidad, el subsidio que nos otorga el IVC (Instituto de la Vivienda) es de 25 mil pesos por familia, con lo cual no podemos comprar nada y, como no tenemos garantía para alquilar, sólo nos queda volver a un cuarto de hotel.”

Sin baño ni cocina y con cuartos sin ventana, las habitaciones cuestan entre 14 y 16 pesos el día por persona. El relato de Gladys sirve de ejemplo: “Por la misma plata que gasta en hoteles, podrían darnos un crédito para construir o comprar nuestra casa”. Según reveló el ex director del IVC, Luis Ibarra García, “hay en la ciudad 180 mil viviendas privadas y 100 mil propiedades estatales desocupadas, mientras 100 mil familias viven en situación de calle, villas u hoteles en condiciones indignas”.

Informe: Mariana Seghezzo.