Por Irina Hauser y Raúl Kollmann

Fuentes del gobierno de Mauricio Macri confirmaron anoche que es auténtico el mail enviado por una secretaria personal del jefe de Gobierno porteño a su cuñado, Daniel Leonardo, indicándole la forma en la que debía despegar a Macri de las escuchas telefónicas ilegales. Era un comunicado que se suponía que debía difundir como si lo hubiera escrito él. Decía: “Quiero dejar en claro que en ningún momento he vinculado al señor jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, en presuntas acciones de espionaje contra mi persona durante la declaración testimonial que brindé ayer en ante el juez Norberto Oyarbide”. Cuando el juez citó a Leonardo a principio de mes para informarle que le habían pinchado el teléfono, el cuñado fue categórico: “Creo, sin posibilidad de error, que el Sr. Franco Macri habrá hablado con Mauricio Macri a los efectos de que violaran mi intimidad por medio de la pinchadura de teléfono”, aseguró. Al día siguiente cambió la versión y públicamente dijo algo muy parecido al comunicado.

La realidad es que la escucha que más compromete a Macri es justamente la de su cuñado. Es que la de Sergio Burstein, integrante de la agrupación Familiares, se le podría adjudicar a un interés del propio Jorge “Fino” Palacios, jefe de quien fue mano de obra en toda la operación de espionaje, Ciro James. Palacios estaba a punto de ser procesado por encubrimiento en la causa AMIA. Las otras pinchaduras, a Carlos Avila, a dos gerentes de Supermercados Coto, al empresario de una multinacional, a la esposa de un anticuario en pleno proceso de divorcio y buena parte de las demás ya comprobadas, pueden atribuirse a espionaje empresarial o personal. Pero toda esa argumentación tiene un obstáculo insalvable: Ciro James, el mismo personaje que protagonizó el espionaje a los otros, realizó el que le tocaba de cerca al propio Macri. Y además, era subalterno de Palacios, el comisario defendido una y mil veces por Macri.

El domingo, en el diario La Nación, el jefe de Gobierno directamente le echó la culpa a su padre, Franco: “Hay una carta de mi padre –dijo– en la que está la respuesta. Es un conflicto de mi padre y este señor y mi padre relata que contrató a una agencia de seguridad norteamericana. Ustedes interpreten lo que les parezca. Si es verdad que este señor Ciro James envía casetes a pedido de la agencia americana es un conflicto del que no me hago cargo y no tengo absolutamente nada que ver”. En estas palabras, de hecho, Macri acusó a su padre de un delito: el espionaje ilegal. Y todo indica que en el juzgado de Oyarbide, tarde o temprano, le pedirán explicaciones a Franco y también a Mauricio. Al primero, porque su yerno directamente lo acusa por el espionaje. Y al segundo, porque le preguntarán qué elementos tiene para señalar a Franco, su padre, como autor del espionaje.

Cuando Oyarbide citó a Leonardo a principio de mes para notificarle que había tenido el teléfono pinchado entre mayo y junio del año pasado, Leonardo acusó de entrada a la familia Macri. Dijo que su suegro siempre se opuso a su matrimonio con Sandra Macri –con quien se casó en 2004– y que lo amenazó varias veces. Toda la pelea giraba en torno del dinero y tuvo su pico el año pasado cuando su esposa estuvo internada, muy mal de salud, y Franco le ofreció dinero para que se alejara de ella, según su relato. Fue para la misma época en que grabaron sus conversaciones. declaró en aquella oportunidad.

Leonardo informó ayer en el juzgado que pocas horas después de hacer aquella afirmación en los tribunales de Retiro pasaron varias cosas. Primero, su mujer le contó que recibió un llamado de sus hermanos Mariano y Mauricio “con tono agresivo” para reprocharle que Leonardo “los había involucrado”. Al día siguiente, Sandra le dijo: “Esto te lo da Mauricio, mandalo por la prensa urgente”. Después del párrafo inicial en que, supuestamente, dejaba en claro que no involucró a Mauricio Macri, el texto continuó de la siguiente manera: “Admito haber mantenido situaciones controversiales con el señor Franco Macri, padre de mi esposa Sandra, pero de ningún modo eso alteró mi relación con el señor Mauricio Macri ni me colocó en posiciones de enfrentamiento o enemistad personal con él. Por el contrario, siempre sostuvimos un trato cordial y respetuoso y nunca pensé, declaré o denuncié que pudiera estar involucrado en acciones tendientes a vulnerar mi intimidad”.

Ante el juez, Leonardo afirmó ayer que desechó el pedido que provenía del jefe de Gobierno porteño. “Cuando leo el mail, mi señora me dice que le relate eso a la prensa, por pedido de Mauricio. A lo que le contesté que yo no lo iba a hacer, que no era una criatura ni un niño de jardín para que le dicten lo que tiene que decir y que iba a aportar esa carta al tribunal”, repasó en el juzgado, donde entregó el texto. Como remitente, figura la casilla de correo electrónico de Ana Moschini, secretaria privada del jefe de Gobierno. Leonardo dijo que recibió un mensaje de la secretaria en su celular, de parte de su cuñado. Lo respondió, pero nunca logró hablar con él. La mujer, explicó, es una “persona de confianza de la familia”, que había sido secretaria de Franco Macri en Socma y luego, tras una reducción de personal, pasó a trabajar con Mauricio. Moschini fue citada por el juez Oyarbide para ver si reconoce haber mandado el e-mail en cuestión y debería presentarse hoy.

Cerca del jefe de Gobierno porteño admitieron que el mail es auténtico. Los hombres de Macri argumentan que al día siguiente de la declaración de Leonardo ante Oyarbide, Sandra Macri llamó a su hermano Mauricio para pedirle disculpas y señalarle que no había sido su intención incriminarlo. En ese diálogo telefónico, Sandra le dijo a Mauricio que no sabía como reparar lo hecho y el jefe de Gobierno le habría sugerido que saque un comunicado aclarando la situación.

–Lo que pasa es que Daniel no sabe cómo decirlo, no encuentra las palabras. ¿Por qué no nos redactan ustedes el comunicado? –habría pedido Sandra, según la asombrosa versión de los hombres de Macri.

En función de eso, alguien del entorno del jefe de Gobierno redactó el texto en el que Leonardo desvinculó a Macri de las escuchas que le hicieron, ese texto se le entregó a la secretaria privada de Macri y ella se lo envió por mail a Sandra y su marido.

A los pocos días de su testimonio original ante Oyarbide, Leonardo suavizó sus críticas a Mauricio. En un reportaje con Página/12 incluso sostuvo: “Yo no culpo (por las pinchaduras telefónicas) al ingeniero Macri, o sea mi cuñado”.

Todas estas idas y vueltas sugieren que alguna negociación hubo después de la declaración de Leonardo involucrando a Mauricio. Está claro que el cuñado torció su declaración, por lo menos en forma pública, pero ahora terminó entregando el mail al juzgado, con lo que nuevamente pateó el tablero.

No sobresale ningún tema político en particular: son varios. Y podría decirse que para todos los gustos, aunque, sucesivamente, se anulan unos a otros, casi en forma diaria. Es lo que corresponde a ese habitual enloquecimiento informativo que, en apariencia sin ton ni son, amontona siempre pero no privilegia nunca. ¿O prioriza pero en una única dirección? Veamos, en un orden cualquiera de factores que no altera el producto.

El Gobierno presentó su proyecto de reforma política, que por cierto no es una cuestión que le quite el sueño a la sociedad ni muchísimo menos. La idea es o puede ser entre cuestionable y sospechosa. Pero en todo caso es ambas cosas a dos bandas, porque asienta el camino para que únicamente las fuerzas mayoritarias puedan subsistir con comodidad. El traje no parece sólo a medida del PJ en general, y del kirchnerismo en la coyuntura, sino también de la UCR. Al mejor estilo del Pacto de Olivos que la rata y Alfonsín sellaron a comienzos de los ‘90. Sin embargo, la noticia fue presentada como una movida exclusivamente K y como si, encima, los radicales y el resto del espectro partidario no viniesen reclamando hace años la misma reforma. Un ligero recuadro del propio Clarín, en su edición del viernes pasado, tituló que “La UCR discute dar apoyo con disimulo”.

En la misma sintonía está la asignación universal por hijo. Al llegar a 180 pesos ronda un 40 por ciento arriba de lo que se calculaba, alcanzando así los reclamos de máxima de la oposición. Pero fue mostrada como un artilugio oficialista que no llega a la universalización porque incluye, solamente, a las familias de desocupados y trabajadores en negro. Se insiste en que sean igualmente abarcados los hijos de pudientes, bajo la excusa de que en tal opción se evita el ardid del clientelismo. Criterio según el cual es necesario cometer una injusticia al único efecto de no sospechar que pueda perpetrarse una injusticia mayor. No se trata de defender porque sí la decisión oficial. Más aún, es coincidencia generalizada que la mecánica es una variante del asistencialismo, que no apunta a resolver el drama de la pobreza en lugar de que el Estado garantice, por ejemplo, la universalidad del derecho al empleo. Pero en vez de este tipo de apuntes críticos, intelectualmente honestos, se prefirió amplificar la aprensión al electoralismo. De igual modo, la medida es discutida porque los recursos serán extraídos de la Anses y no de la impunidad de que goza la renta financiera, entre otras probabilidades que, en efecto, servirían mucho mejor a la equiparación de esfuerzos contributivos. Empero, ¿alguien duda de que si hicieran esto último los acusarían de afectar la seguridad jurídica y de provocar una amenaza letal para los inversores, como de hecho lo advirtieron apenas trascendió el proyecto? En otras palabras, el clásico y nunca bien ponderado “no importa pero me opongo” aunque, como en torno de la reforma política, sea la misma o casi idéntica disposición que el coro opositor exigía hace añares.

También en línea con lo anterior, pero acerca de que se tomarán 1800 millones de pesos de la Anses para afrontar vencimientos de deuda y otros rubros de faltante de caja, volvió a hablarse de que se usa “la plata de los jubilados”. Por supuesto, esos destinos pueden ser muy discutibles pero, política y filosóficamente, hablar de la plata de los jubilados es una de las demagogias más repugnantes de que se pueda hacer gala. Es portentoso que deba insistirse en que los aportes previsionales no son intangibles, ni aquí ni en ningún lugar del mundo de ninguna época: que el Estado disponga de tales fondos es la condición necesaria, bien que no suficiente, para activar la economía mediante políticas de intervención. No tocar la plata de los jubilados –el periodista se repite a sí mismo respecto de un editorial reciente– significaría vivir en un sistema capitalista estrafalario, donde el dinero se inmoviliza sin darle capacidad de ahorro ni sustentabilidad. Hablamos de que la mayor garantía a fin de cobrar sus haberes, una vez retirados, es que la proporción entre activos y pasivos permita ensanchar las arcas públicas gracias al andar macroeconómico. Y vuelve la pregunta de dónde andaba la indignación de tanto analista y tanto tilingo cuando la plata de los jubilados se jugaba en la timba de las AFJP. Acaba de cumplirse un año, justamente, desde el anuncio del fin de la jubilación privada. ¿Dónde quedaron los juicios multimillonarios de los bancos, que iban a sucederse en catarata? ¿Dónde está la catástrofe que predijeron? En ningún lado, como no sea en el cinismo de continuar batiendo el parche de una plata que no es de sino para, porque los trabajadores activos contribuyen a solventar el sistema de reparto en una solidaridad que no es de congelamiento sino a futuro.

En parte, este conjunto temático sirvió para aminorar la casi pornográfica campaña de bastardeo a los movimientos sociales, que un grupo muy significativo de personalidades, en nota publicada este miércoles por Página/12, bien definió como “la nueva criminalización”: “Hemos aprendido, de la experiencia argentina, que cada vez que comienza a agitarse el ‘fantasma’ de la ‘violencia’, por parte de cierta dirigencia del sistema, lo que se abre es el camino para castigar a los sectores más vulnerables de la sociedad, y a sus organizaciones (...) Si vamos atrás en la historia, recordaremos las declaraciones de Ricardo Balbín sobre la ‘guerrilla fabril’, que crearon el clima para la escalada golpista”. ¿Hemos aprendido? ¿Sí? Algunos, y hasta muchos, seguramente. Pero permítase dudar de que una mayoría conserve la memoria sobre esos gérmenes. Suena mejor que deberían activarse reflejos instantáneos cuando los voceros del orden consagrado empiezan a hablar de grupos violentos, de gente armada, de relación con la droga, de prebendas para los humildes, de patotas. Cuando rige además tanto desequilibrio de señalamiento y despliegue periodístico. ¿O acaso hay proporcionalidad entre la dedicación demonizante que le otorgaron al aislado episodio de Jujuy y la brindada a la fuerza de choque macrista que, desde hace rato, arremete a los golpes contra los indeseables que afean la imagen PRO de Buenos Aires, hasta el punto de que la Justicia acaba de ordenar que cese su accionar? ¿Y hubo equilibrio, acaso, luego de los fundamentos que presentó la APDH para expulsar a Elisa Carrió, tras que ésta, en defensa de la directora de Clarín, se opusiera al proyecto de recolección de ADN que falazmente sigue rotulándose como “compulsivo”? Pues compárese la cobertura dada a los argumentos del organismo con la proveída a Carrió, que tuvo prensa a raudales para insistir con el rol sacrificial que le toca en esta vida.

La conclusión podría ser que, en la táctica, todo parece dar igual. Pero en la estrategia, no: las conclusiones mediáticas también son siempre iguales.

Moscú, , , RIA Novosti. El portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, Andrei Nesterenko, declaró hoy que la decisión de Israel de construir otras 455 viviendas en Cisjordania contradice la Hoja de Ruta, plan internacional del arreglo del conflicto palestino-israelí.

"Las autoridades de Moscú confían en que el Gobierno de Israel volverá a analizar la situación y dejará sin efecto las decisiones que contradicen lo expuesto en la Hoja de Ruta", dijo el diplomático en la rueda de prensa celebrada este jueves en Moscú.

Nesterenko reiteró que la comunidad internacional insta a Israel para que "ponga término a la ampliación de los asentamientos judíos en Cisjordania".

Al destacar que la última decisión del Gobierno israelí suscitó preocupación en Moscú, el diplomático insistió en la necesidad de resolver el problema de asentamientos "a través del diálogo directo entre los palestinos y los israelíes".

El proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) tiene un trayecto democrático y parlamentario más que interesante. La Cámara de Diputados recogió importantes reformas exigidas por la oposición de centroizquierda que, con su incorporación, lo aprobó en general. En Senadores es más que posible que se añadan cambios relevantes en la cláusula de desinversión y, eventualmente, en la autoridad de aplicación (ver asimismo nota aparte). En todo caso, esos aspectos se ventilaron en las cámaras, en foros públicos y en los medios. La polémica alcanzó un refinamiento inusual, digno de ser saludado. Hasta se escudriña con lupa cuántas comisiones examinan el texto.

Ese trámite rico e intenso suele menoscabarse con un discurso que reniega de la falta de institucionalidad, de la urgencia, de un oficialismo sordo y cerrado. Un sobrevuelo por leyes determinantes en los últimos 25 años comprueba que la prisa, las mayorías apretadas, los pasos fugaces por las cámaras han sido más regla que excepción. También que determinaciones gravísimas (el corralito, el recorte a las jubilaciones) se impusieron mediante decretos del Ejecutivo y se refrendaron por el Congreso más tarde, en plena aplicación. La disciplina de los oficialismos, la restricción a aportes opositores también fueron costumbre.

El análisis comparado es inusual en las crónicas domésticas: ni se coteja el presente con el pasado, ni la realidad local con la de otras comarcas. Si se lo hiciera, como se tratará de esbozar en esta breve nota, quizás habría juicios menos tonantes. Tal vez por eso no se hacen, también incide la pereza. Para desafiarla, apenas, vaya este recordatorio, que no pretende ser exhaustivo ni, ejem, cerrar el debate.

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Ampliación de la Corte (primera presidencia de Menem, 1989). A tantos años vista, huelga decir que para el gobierno peronista era esencial cambiar la composición de la Corte Suprema, vía la ampliación del número de sus integrantes. Lo precisaba para su proyecto económico social: una sedicente “modernización” que arrasó al Estado benefactor, renunció a la política monetaria, desguazó el patrimonio estatal y barrió con conquistas laborales producto de años de lucha.

En septiembre de 1989 el presidente Carlos Menem hizo entrar el proyecto de ley por el Senado, donde contaba con mayoría confortable. Fue aprobado en septiembre, pese a la oposición de la bancada radical. José Luis Manzano, jefe del bloque justicialista de Diputados, procuró que se tratara ese mismo día, fracasó. El proyecto debió esperar unos meses y se consagró en una sesión escandalosa, literalmente entre gallos y medianoche. La lista de oradores se suspendió abruptamente, el radicalismo se retiró del recinto, la iniciativa ganó raspando. Manzano saltó de alegría, entonó la marcha peronista a voz en cuello con sus compañeros. Doce días después se enviaron los pliegos de los nuevos cortesanos al Senado. La sesión, secreta, fue un modelo de ejecutividad: duró siete minutos, sin presencia de la oposición.

Manzano, por estos días, mora cerca del Congreso. Hace lobby desenfadado contra la ley de SCA, en representación del Grupo Vila, que integra. El Chupete se vale del perfil bajo y el diálogo entre cortinados, a diferencia de lo que hacía en esos idos buenos tiempos. Sus gestiones no versan sobre calidad institucional sino sobre vísceras sensibles. Daniel Vila, otra cabeza del grupo, es quien sale a la palestra haciendo comparaciones con la dictadura militar. Ni mención a episodios en los que Manzano fue protagonista central como el que reseñamos o como...

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La privatización de YPF (1991, primera presidencia de Menem). El Senado fue la cámara iniciadora. Aun con el clima de época (privatista y de abatimiento de la resistencia popular) al oficialismo le costó colar la entrega de la nave insignia de las empresas estatales. La Cámara alta, con todo, le fue fiel y aprobó la propuesta del Ejecutivo. La UCR se opuso y hasta auguró que revisaría la privatización más adelante, si llegara al gobierno. En Diputados el trámite fue tumultuoso, el catamarqueño Luis Saadi denunció que giraban sobornos de ocho millones de dólares por cada legislador (seguramente exageraba en cuanto a la extensión y al importe). Hubo lo que ahora se llamaría “borocotización”.

Tras varios fracasos en lograr quórum, el oficialismo consiguió el apoyo del llamado bloque intersindical, compañeros cegetistas que cooperaron en la entrega. Se llegó al quórum estricto, circunstancia en la que Jorge Matzkin (jefe de la bancada peronista) conminó sarcásticamente a “que salgan los radicales que están atrás de los cortinados”, un slogan que transformaría en mantra. La sesión se prolongó más de un día, con un cuarto intermedio. El proyecto se aprobó sin modificaciones. Los radicales, que se retiraron del recinto comandados por César Jaroslavsky, despotricaron contra la medida. Pero al día siguiente, en conferencia de prensa, le hicieron una reverencia a la seguridad jurídica anunciando que no la revisarían si llegaran a la Casa Rosada en 1995.

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Recorte jubilatorio (presidencia De la Rúa 2000). En julio de 2001, Fernando de la Rúa y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunciaron en la Casa Rosada que “primero se pagará la deuda (externa)” y luego los salarios y jubilaciones estatales. Dos días después se dictó el decreto 896/01 que recortó jubilaciones y salarios estatales en un 13 por ciento. La resistencia a la movida incluyó un paro general nacional convocado por la CGT y la CTA. El decreto fue enviado al Congreso en pos de una mayor legitimación. Diputados lo aprobó, aun con el distanciamiento del Frepaso, por primera vez durante la gestión aliancista. La ley entró al Senado el 25 de julio, sólo dos semanas después del anuncio. De la Rúa envió una carta de puño y letra a cada uno de los senadores justicialistas que se mostraban renuentes y despotricaban a voz en cuello. Su comportamiento, empero, fue funcional a la aciaga iniciativa aunque cuidando las formas. Dieron quórum para una atolondrada sesión ¡sábado a la noche! En la madrugada dominical levantaron la mano los senadores oficialistas, varios provinciales y un tránsfuga justicialista: Omar Vaquir. Los votos alcanzaron, ahí justito.

Aun con los pruritos justicialistas, el texto pasó por una sola comisión senatorial, la de Presupuesto. Los radicales gobernantes en 2001 eran, por lo visto, menos puntillosos que ahora, cuando moran en la vereda de enfrente. Tal vez habría venido bien un vistazo de la Comisión de Asuntos Constitucionales: el recorte era manifiestamente violatorio de varias garantías consagradas en la Carta Magna. La Corte Suprema declaró la inevitable inconstitucionalidad en 2002. En el ínterin, los jubilados vieron sisados sus ingresos.

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Corralito (De la Rúa, 2001). El corralito fue también implementado mediante decreto por la dupla De la Rúa-Cavallo, cuando estaban en preembarque del gobierno hacia la sociedad civil y el ostracismo. El megaministro hizo el anuncio el primero de diciembre. El consabido decreto de necesidad y urgencia llevó el número 1570/01, se publicó en el Boletín Oficial dos días después. La implementación fue inmediata. El 19 de diciembre, horas antes de la declaración del estado de sitio, la Cámara de Diputados lo aprobó limitando algo sus alcances. El Senado redondearía el proceso unos pocos días y varios presidentes después: el Día de Reyes de 2002, con Eduardo Duhalde en el sillón de Rivadavia. Del paso por las comisiones nada registra la crónica, audiencias públicas no hubo.

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Otras yerbas. La sinopsis podría sumar casos más patológicos, con mayores irregularidades y corrupción, como la Reforma Laboral de la Alianza, con sobornos para senadores oficialistas y opositores. O intentos de fraude parlamentario, frustrados por testigos y periodistas, como fue la invención de “diputruchos” para lograr quórum para el menemismo en 1992.

Tampoco nos detendremos en la ley de obediencia debida, de tremendas consecuencias en materia de derechos humanos. Se resolvió a tambor batiente con presiones sobre el bloque oficialista y sin abrir las comisiones parlamentarias a los organismos de derechos humanos.

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Legitimidad y legalidad. La ilegitimidad de la actual composición del Parlamento, otra acusación en boga, amerita asimismo una mirada retrospectiva. El especialista en Comunicaciones Guillermo Mastrini encontró un ejemplo comparativo bien pertinente, que está posteado en el blog seminariogargarella.blogs pot.com. Evoca Mastrini: “En agosto de 1989, luego de la caída del alfonsinismo, pero antes de que asumieran los diputados electos, el Parlamento aprobó las leyes de Emergencia Económica y de Reforma del Estado, conocidas como leyes Dromi. En uno de sus artículos se eliminaba el impedimento para que los dueños de medios gráficos pudieran ser licenciatarios de medios de radiodifusión. A partir de dicha modificación pudo constituirse el grupo Clarín. De esta forma, no sería arriesgado señalar que de sancionarse la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tendría la misma legitimidad de origen que todos los grupos multimedia que existen en Argentina. Salvo que se utilice un criterio cuando el proceso favorece y otro cuando perjudica”. Ajá.

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Otras yerbas (II). La primacía del Ejecutivo es otro rezongo recurrente, con poco anclaje en la experiencia comparada. El politólogo italiano Gianfranco Pasquino (insospechado, que se sepa, de populismo o kirchnerismo) desmenuza la cuestión en su recomendable libro “Los poderes de los Jefes de Gobierno”. “Quien debe hacer las leyes –mociona Pasquino– es el Gabinete y no el Parlamento, el primer Ministro y no los parlamentarios, por buenas razones.” Lo sostiene con datos empíricos de importantes sistemas políticos europeos. En Alemania, el 76 por ciento de las leyes aprobadas fue promovida por el “Gobierno”. En España la marca sube al 92 por ciento, en la ejemplar Suecia llega al 96 por ciento. Acá llamarían “escribanías” a esos parlamentos.

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El pasado y el hoy. El cronista sabe que, en el acotado marco de lo posible, es mejor que las leyes se asienten en consensos amplios. Eso les da, de movida, sustentabilidad y legitimidad mayor. Las administraciones kirchneristas no quisieron o no supieron construir esos consensos para la reforma del Consejo de la Magistratura (cuya aprobación consiguieron) o para las retenciones móviles (contienda que perdieron). En la recuperación democrática ha habido muchos casos edificantes con aprobación unánime o filo unánime: la ley de Defensa de la Democracia, la que sancionó la inconstitucionalidad de las leyes de la impunidad, la ley Nacional de Educación por citar un puñado. Ese objetivo superior no siempre es accesible.

El repaso de esta columna, que se sabe discrecional pero pretende no ser arbitrario, no aspira al conformismo ni reniega de la búsqueda de mejor praxis política o parlamentaria. Pero sí dar cuenta de que algunos reproches que se concentran en el presente parten del falso implícito de que todo tiempo pasado fue mejor.

El martes que viene, 29 de septiembre, se cumplirán 140 años desde que el Congreso aprobó a libro cerrado el Código Civil redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield. Así lo impulsó el presidente Domingo Faustino Sarmiento levantando vendavales de cuestionamientos. En este año se conmemoró el decimoquinto aniversario de la Reforma Constitucional de 1994 cuyo nodo, “el núcleo de coincidencias básicas”, fue pactado por el peronismo y el radicalismo antes de la Constituyente. Lo blindaron y lo sustrajeron al debate respectivo.

Con tales precedentes y tanta agua corrida bajo el puente, lo sensato es contextualizar y valorar menos prejuiciosamente lo que está transcurriendo, sin renunciar para nada a tratar de mejorar los desempeños colectivos, día a día, de aquí en más.

Informe: Nicolás Lantos.

mwainfeld@pagina12.com.ar

Sería ingenuo no creer que el 11 de septiembre que el mundo recordará será el de las Torres Gemelas antes que el de Chile. El de las Torres tuvo una audiencia en simultáneo, un público atónito que asistía, compartiéndolo, en vivo y en directo, a uno de los acontecimientos más poderosos de la historia humana. No menos poderoso fue el de Chile, pero nos tenía más acostumbrados. Ignoro si se ha reflexionado sobre un punto: el acontecimiento de las Torres y el de Chile no sólo comparten la fecha, sino mucho más. El país de las Torres (el Imperio) fue el causante directo del septiembre chileno. Chile nada tuvo que ver con la caída de las Torres. Pero Estados Unidos hizo el golpe de Pinochet, lo inventó a Pinochet y lo asesinó a Allende. Era parte de la política que se había otorgado para manejar las cosas en eso que llaman su “patio trasero”.

Desde que llegó a la presidencia, Kennedy, que era un furioso anticomunista, advirtió que –durante el llamado período de la Guerra Fría– las acciones bélicas directas no tendrían lugar entre los dos bloques hegemónicos. Había, en ellos, un exceso de técnica bélica que lo impedía. El terror nuclear recomendaba una excesiva prudencia que los dos colosos observaron con prudencia, con cautela. Las luchas, entonces, se dieron en otras latitudes. Kennedy informó que los soviéticos instrumentarían las guerras nacionalistas, las guerras de descolonización para hacer de ellas guerras revolucionarias. Se había visto en Indochina, apenas acababa de verse en Argelia. No eran guerras entre colonizadores y colonizados. Ese era el disfraz y aun el concepto novedoso que las definía (guerras de liberación del Tercer Mundo) era una falacia. No había Tercer Mundo. El mundo seguía siendo bipolar. O el liberalismo democrático e individualista que representaba Estados Unidos o el totalitarismo estatal y masificador encarnado por la Unión Soviética. Los cuales intentaban apoderarse del mundo, algo que vehiculizaban por medio de las guerras coloniales contra las potencias de Occidente que ellos respaldaban.

En América latina habían puesto su garra por medio de Cuba, por esos barbudos que habían seducido y engañado a la CIA diciéndose democráticos, y que la CIA creyó que apenas venían a tirarles abajo a ese sargento Fulgencio Batista, un sanguinario impresentable, que había hecho de Cuba un prostíbulo y un garito para la mafia. Apoyaron a los muchachos de Fidel, que les dieron una enorme y pésima sorpresa: su líder se definió y definió a su movimiento como marxista-leninista. Decidieron aprender la lección: nunca más un Castro en América latina. Porque Estados Unidos decía no pretender apropiarse del mundo como los soviéticos, pero en verdad ya casi lo dominaba o esa era su meta. Por ejemplo: “Los países latinoamericanos tenían libertad para elegir sus gobiernos mientras no fuesen comunistas o nacionalistas y no amenazasen los intereses económicos, políticos y estratégicos de los Estados Unidos. Con justa razón, el profesor Chalmers Johnson consideró que había más simetría entre las políticas de la Unión Soviética y de los Estados Unidos de lo que los norteamericanos deseaban reconocer. Si en el transcurso de la Guerra Fría la Unión Soviética intervino manu militari en Alemania Oriental (1953), Hungría (1957) y Checoslovaquia (1968), los Estados Unidos articularon el golpe en Irán (1953), la invasión de Guatemala (1954) y de Cuba (1961), ocuparon militarmente la República Dominicana (1965) e intervinieron en Corea (1950) y en Vietnam (donde sustentaron dictaduras y mataron a un número más grande de personas que la Unión Soviética en sus exitosas intervenciones” (Chalmers Johnson citado por Luis Alberto Moniz Bandera en su notable ensayo: La formación del imperio americano). En una comparación inevitablemente odiosa y desagradable, posiblemente la CIA sea y haya sido una organización más cruel, más asesina y, sobre todo, más responsable de la llegada de regímenes genocidas al poder que la KGB soviética. Medio mundo o más no diría esto por la prepotencia, la supremacía que tienen los medios en la formación de la subjetividad de las personas. El cine, por ejemplo (gran herramienta de propaganda de EE.UU.), siempre ha mostrado a un agente de la KGB como alguien más siniestro que uno de la CIA, que, con frecuencia, es el héroe de la película. Jack Ryan, sin ir más lejos, tuvo la pinta y el carisma de Harrison Ford. ¿Quién, en la KGB, podía competir con él? Nadie y no sólo eso: todos los sujetos-sujetados del vasto universo ven a Harrison Ford como agente de la CIA y les cuesta creer, a partir de ahí, que un tipo de esa siniestra organización (llena, por ejemplo, de expertos en tortura y demás métodos “de inteligencia”) sea una mala persona. ¿O no lo hace el bueno, el encantador de Harrison? ¿O no lo hace nada menos que Indiana Jones? Sólo podría ocurrir –en estos tiempos duros de la “Guerra contra el Terror”– que Indiana tuviera una 5ta. parte (improbable, dado el fracaso de la cuarta) en que el héroe fuera decididamente malvado, a lo Batman versión Frank Miller, pues parece que Hollywood quiere atemorizar más que seducir, ser malo antes que bueno, uno de los principales consejos de Maquiavelo al Príncipe. Por algo será, ya que si el florentino no sabía nada de historietas, de política sabía un montón. El problema se le aparece a la administración Nixon. En 1970, el socialista Salvador Allende, candidato de la Unidad Popular, gana de modo inobjetable las elecciones en Chile. Pese a que Allende propone una “vía pacífica” –o una “vía democrática”– al socialismo, Richard Nixon lo odia desde el primer día. Y desde ese día se propone echarlo del gobierno. Aquí debo mencionar dos documentales formidables con los que trabajo estas cuestiones y deben (creo) ser consultados: uno es casi una autobiografía de Robert McNamara y se titula La niebla de la guerra, el otro es una pequeña obra maestra de Christopher Hitchens, Los juicios de Henry Kissinger. En éste, Hitchens nos muestra la pasión que pone Kissinger en dejar contento a su jefe, Nixon, y demostrarle que se puede hacer con un país lo que Estados Unidos desee. No aún con Chile, porque Allende acaba de ganar muy limpiamente “y nosotros respetamos la democracia”. Nixon acepta este dogma, pero tiene claro que –en caso de llegar a imponer una dictadura– siempre es mejor una dictadura no-comunista que una comunista (ver: Luis Alberto Moniz Bandeira, La formación del imperio americano, p. 278). Seguramente compartían este criterio las empresas que le hicieron saber acerca de la gravedad del asunto: la ITT, la Pepsi Cola y el Chase Manhattan Bank. Todas se comunicaron con el director de la CIA, Richard Helms. (Qué cosa: pensar que uno se toma una Pepsi Cola –yo siempre lo hago cuando no hay Coca Cola light– y no piensa en estas cosas. Si lo hiciera, ya no podría vivir en este planeta.) También lo hizo Nixon, en una reunión relámpago: se sentó, tomó un vaso de agua, dijo un par de cosas y se fue. Destinó 10 millones de dólares para la tarea de desestabilizar al “hijo de puta” –así le decía: SOB–, pidió acción inmediata, dejar de lado al embajador, poner los mejores hombres en la tarea y en 48 horas deteriorar la economía. A partir de ese punto empezaría el trabajo en serio.

Kissinger tenía un buen concepto de la habilidad política de Allende: por todos los medios exhibiría que no era un satélite soviético, a lo Castro, ni siquiera un gobierno abiertamente comunista. Pero no estaba dispuesto a mostrar que le creía. En suma, entre Nixon y Kissinger deciden hundir a Allende desde el primer día de su llegada al poder. Así se hace la historia. En tanto en América latina se festejaba el gran paso de la llegada al gobierno por elecciones libres y democráticas de un gobierno socialista (aunque fuese con un margen leve: la Unidad Popular sólo alcanzó el 36,2 por ciento), en las oficinas de la CIA o en el despacho más privado de Nixon la tarea de destrucción ya estaba en camino. Precisamente en Los juicios de Kissinger, el halcón Alexander Haig (que anduvo por aquí tratando de arreglar la guerra de Malvinas) lanza una exclamación con la fuerza de un escupitajo iracundo: “¿Otro Castro en América latina? ¡Por favor!”. O sea, ni locos. Allende debía caer.

Kissinger empieza la tarea. Ya, cierta vez, había dicho que no se le debía permitir a un país hacerse marxista sólo por “la irresponsabilidad de su gente”. Es un perfecto razonamiento de derecha: mientras la gente vote lo tolerable, lo que podemos aceptar o manejar sin perder dinero ni perder la posibilidad de ganarlo, bien. De lo contrario, han votado como idiotas. No vamos a tolerar ser víctimas de la voluntad de los idiotas. Aquí, en Chile, lo mismo. Si estos latinos del extremo sur han elegido volverse comunistas, allá ellos. Debieron saber que no toleraríamos un segundo país rojo en nuestro patio trasero. Ahora vendrán las consecuencias y tendrán que atenerse a ellas. Todo lo que sigue es más o menos conocido. Kissinger le encarga a la CIA matar al comandante en jefe del Ejército chileno, el general René Schneider. Lo acribillan dentro de su auto. Uno ve la foto y se parece demasiado al auto de Rucci. Luego se hace todo lo necesario para llegar al golpe de Pinochet. Ya se ha liberado correspondencia entre ambos tiernos personajes. Se han hecho públicas comunicaciones telefónicas en las que Kissinger le dice: “Mañana hablaré en las Naciones Unidas sobre derechos humanos, pero no se sienta agredido. Sólo es algo formal. Tengo que decirlo”. El 11 de septiembre de 1973 se produce el golpe. La economía ha sido devastada, la clase obrera ha perdido su cohesión, las conchetas chilenas hace días y días que salen a cacerolear y a pedir la caída de Allende. Pinochet, por fin, bombardea La Moneda. Allende muere resistiendo. Precisamente ese día el Senado confirma a Kissinger como secretario de Estado. Kissinger declara que Estados Unidos nada tiene que ver con el golpe de Chile. El embajador Edward Korry (sin dejar de sonreír, pues todo le parece una comedia irrefrenable y macabra) dice: “Mintió”. Hace una pausa y repite: “Mintió”. Como si dijera: “¿Qué esperaban de él?”.

El próximo paso de Henry (Henry, retrato de un asesino titula Ramón Pedregal Casanova su comentario al trabajo de Hitchens) es ayudar al régimen de la Junta argentina. Así, recibe al almirante Guzzetti en una suite ultrarreservada del Waldorf Astoria el 7 de octubre de 1976. Le dice que, en Estados Unidos, no se entiende que “ustedes tienen una guerra civil”. Que él ya nada puede hacer para imponer ese punto de vista, que se rechaza una y otra vez. Que la cuestión de los derechos humanos está difícil. Que terminen el trabajo sucio antes de fin de año, antes de que el Congreso retorne a sus funciones. En suma, antes de Navidad. Guzzetti le asegura que “antes de Navidad” todo estará concluido.

Se cumplen 36 años del golpe contra Allende, el 11 de septiembre. Se cumplen 8 años de la caída de las Torres, un 11 de septiembre. Se ha buscado de muchas maneras enjuiciar y arrestar a Kissinger, considerado por muchos “el más grande criminal de guerra vivo”. McNamara murió en julio de este año a los 93 años, en su cama, sereno. Hace un tiempo se consiguió llevar a juicio al verdugo de Allende. Por fin. Era, simbolismo que fue buscado, un 11 de septiembre. Pero era el 11 de septiembre de 2001. La audiencia se anuló. Sigue libre.

http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/index.html

La renuncia de Jorge Palacios es un hecho sumamente auspicioso para quienes habitamos la ciudad de Buenos Aires por distintas razones.

La primera de ellas es que la inseguridad es uno de los principales problemas que afrontamos los porteños y, como hemos señalado en distintas ocasiones, la misma no puede estar garantizada por una fuerza pública conducida por una persona judicialmente imputada de haber participado en el encubrimiento de quienes perpetraron el atentado contra la AMIA y por incumplimiento de deberes de funcionario público en la misma causa. Pero, más allá de esta gravísima acusación realizada por el fiscal Alberto Nisman, la Policía Metropolitana tampoco puede estar dirigida por quien, en su libro Terrorismo en la Aldea Global, no menciona al Holocausto como uno de los crímenes del siglo XX y niega la existencia del terrorismo de Estado en la Argentina. No se trata de un hecho menor: el libro manifiesta una concepción de seguridad difícilmente compatible con la vigencia plena de los derechos humanos.

La segunda razón es que se trata de una fuerza policial nueva, cuya impronta inicial seguramente delineará su acción futura. Su objetivo principal no puede ser la represión de los movimientos populares. Necesitamos una Policía Metropolitana eficiente en el combate contra el delito que, teniendo como objetivo principal la seguridad de los ciudadanos, trabaje muy cerca de los porteños con participación de la futura representación comunitaria y resolviendo los problemas de inseguridad cerca de la gente. Como sabemos, estos problemas tienen características particulares en cada uno de los barrios. Sin confianza en la conducción de la nueva policía es muy difícil garantizar el trabajo conjunto, a partir del cual la sociedad y su fuerza de seguridad se articulen en función de un objetivo común. Es por ello que insistimos en la necesidad de reformulación del artículo 34 de la Ley 2894 de Seguridad Pública de la Ciudad, colocando la audiencia pública como requisito obligatorio para la designación del nuevo jefe de la Policía Metropolitana. Al mismo tiempo nos comprometemos a seguir trabajando en el Congreso nacional para lograr la transferencia de la Policía Federal a la Ciudad con los recursos correspondientes. Ello permitirá contar con una fuerza de seguridad única que optimice los recursos para luchar contra la delincuencia.

La tercera razón por la cual la renuncia de Jorge Palacios es un hecho esperanzador es porque se trata del resultado de una demanda y lucha popular amplia y plural, encabezada por Memoria Activa y los Familiares de las Víctimas de la AMIA, pero acompañada por la mayor parte de fuerzas sociales y políticas de la Ciudad. El éxito de esta lucha es un dato que vuelve a darnos confianza en que la acción ciudadana y la militancia política tienen sentido cuando el objetivo es justo y noble, como en este caso. Las decenas de miles de firmas ya recolectadas en cientos de mesas colocadas en toda la ciudad, las declaraciones de legisladores, diputados y senadores, las acciones de los organismos de víctimas, defensores de los derechos humanos, partidos y movimientos políticos, obligaron a que el jefe de Gobierno tuviera que volver atrás en su decisión. Nunca como en esta ocasión la unidad en el objetivo y en el trabajo cotidiano mostró que estamos en condiciones de sumar esfuerzos para construir una ciudad de Buenos Aires verdaderamente democrática e integrada.

Esta última razón es la que nos permite ser optimistas y confiar en que hemos dado un paso importante para que las fuerzas nacionales, populares y progresistas de la Ciudad se unan para también evitar que se sigan aplicando las políticas neoliberales que desvalorizan lo público y profundizan la desigualdad social y territorial en nuestra Ciudad. Como hemos visto en reiteradas ocasiones en nuestro país, es la aplicación de este tipo de políticas la que exige crear fuerzas represivas que impidan la genuina expresión de las demandas populares.

* Senador nacional por el Frente para la Victoria.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-130751-2009-08-28.html

El guatemalteco Frank La Rue es relator de las Naciones Unidas en materia de Promoción y Protección de la Libertad de Expresión. Desde que aterrizó en Ezeiza, su agenda no paró de sumar compromisos. Ayer se entrevistó con la Presidenta y hoy lo hará con los legisladores que integran la Comisión de Comunicaciones de ambas cámaras del Congreso. La Rue está interesado en impulsar el debate por el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El guatemalteco leyó el libro de tapas azules que contiene el texto que pretende democratizar el mapa de medios: la famosa ley comparada que redactaron el interventor del Comfer, Gabriel Mariotto; el vicedecano de Facultad de Ciencias Sociales, Damián Loreti, y equipo. La Rue elogia el contenido del proyecto. “Es lo más avanzado que he visto en el continente y en el mundo en cuanto a telecomunicaciones, que aquí le llaman difusión de servicios de comunicación audiovisual”, dice en la entrevista con Página/12.

Abogado y periodista, exiliado en Washington entre 1981 y 1993, La Rue regresó a su país para denunciar el genocidio que se había producido en la tierra multicultural de los mayas: décadas de guerra antinsurgente habían dejado 45 mil desaparecidos. En esos años La Rue trabajó junto a Rigoberta Menchú, ganadora del Premio Nobel de la Paz. El propio La Rue fue postulado para esa distinción por su labor en la denuncia y la investigación del terrorismo de Estado. Entre 2004 y 2007, por decisión del mandatario guatemalteco Oscar Berger, fue designado comisionado presidencial en Derechos Humanos. Un año más tarde, el 18 de junio de 2008, las Naciones Unidas lo nombraba relator en libertad de expresión.

Su trabajo consiste en redactar un informe anual sobre la situación de la libertad de expresión en el mundo, recibir las denuncias sobre violaciones a ese derecho y hacer observaciones a los gobiernos. Con esa función ya hizo visitas a Nepal y Hungría, y tiene programada una gira por Africa. “Pero sobre todo viajo por América latina, que es mi continente”, cuenta. Apenas llegado a Buenos Aires, se encontró con un inesperado comité de bienvenida. Según una nota publicada ayer, varias entidades empresariales de la comunicación, al igual que legisladores de la oposición, habían expresado sus dudas porque La Rue había sido invitado por la Cancillería. La Rue fue invitado por el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería, que coordina Oscar Laborde.

–Un diario publicó que su llegada generaba interrogantes en entidades empresariales y que la relatoría de Libertad de Expresión la ONU debe analizar las violaciones a los derechos humanos cometidas por los gobiernos de manera autónoma. ¿Se va a reunir con esas entidades?

–La libertad de expresión es un derecho individual y un derecho colectivo. Es un derecho de personas y de los pueblos. Un derecho de todos, cualquiera sea su posición ideológica y su posición social. Estoy muy interesado en reunirme con todos. Por supuesto que tengo interés en reunirme con los medios más grandes, y con los propietarios de los medios o sus directores. De hecho ya tengo programada una reunión para mañana (por hoy), lo cual me alegra. Yo he sido criticado por algunos países, absurdamente, por tener un enfoque proactivo. Me dijeron que pusiera el acento en las limitaciones a la libertad de expresión. Y yo dije que mi prioridad es fortalecer el ejercicio del derecho a la libertad. Hay países donde los medios están absolutamente monopolizados, eso es inaceptable y hay que combatirlo. En segundo lugar, hay que generar mecanismos alternativos para que los sectores sociales que nunca han tenido acceso a la comunicación los tengan. A los propietarios de los medios les cuesta entender que la libertad de expresión implica pluralismo. Es uno de los principios doctrinales de los derechos humanos. La libertad de expresión implica pluralismo, y el pluralismo implica combatir los monopolios. Y me hubiera gustado que Clarín me diera el derecho a réplica.

–¿La concentración mediática afecta la calidad de la democracia?

–Absolutamente. A mayor comunicación y libertad de expresión, mayor democracia. A mayor concentración, menos pluralismo y diversidad, menos democracia. Hay que validar algunos criterios. Uno es el pluralismo y la diversidad, no permitir monopolios, otro es también la accesibilidad. Yo creo que todos los sectores tienen que tener acceso a expresar su opinión. Por eso le insisto a todo el mundo que la relatoría es sobre la libertad de opinión y expresión. Opinión no es sólo información. Opinión implica tener medios para expresarse. Hay que revisar nuestras concepciones. Los medios pequeños, comunitarios, pobres, son tan importantes como los grandes medios para que cualquier pueblo formule su propia opinión y llegue a su propias conclusiones. Lo que esta relatoría ataca son los mecanismos de censura. Mecanismos de censura oficial, que no son aceptables en ninguna parte del mundo. Pero la relatoría va más allá. Su función no es sólo romper con los mecanismos de censura. También es promover el pluralismo temático e idiomático. Yo vengo de un país multicultural y multilingüe, donde queremos que los idiomas indígenas mayas también sean conocidos y tengan posibilidad de difundirse.

–Uno de los puntos centrales del proyecto es dividir el espectro de medios audiovisuales en tres partes iguales, el 33 por ciento para los medios privados con fines de lucro, el 33 por ciento para el Estado en sus distintos estamentos y 33 por ciento para las organizaciones comunitarias. ¿Qué opinión le merece ese principio?

–Este proyecto de ley sigue los principios clásicos de la libertad de expresión y de las relatorías. Hay cuatro relatorías en el mundo. La de las Naciones Unidas, la de la OEA, la de Europa y la de Africa. Y las cuatro relatorías han coincidido históricamente en la necesidad de diferenciar los tres segmentos de comunicación comercial, comunitaria y pública estatal. Este proyecto de ley lo que está haciendo es traducir la doctrina de derechos humanos a una ley, a una guía. Y me parece muy bien. También me parece importante mencionar que las telecomunicaciones públicas, oficiales, deben ser independientes. Ese es parte del principio. Siempre hemos puesto como ejemplo a la BBC o Radio Nederlands, que son estatales, financiadas por el Estado y de la mejor calidad pero absolutamente independientes. Pero en lo que contribuye el proyecto de la presidenta Kirchner es en dividir en 33 por ciento cada segmento. Yo mismo nunca me he atrevido a dar recomendaciones tan específicas porque eso lo debe ver cada país. En nuestros países hay una sobresaturación de frecuencias, por corrupción y por mal manejo, y el espectro de radio y televisión están en desorden. Un historiador me decía que si revisáramos las grandes concesiones radiales o televisivas en América latina veríamos que todas estuvieron vinculadas a las dictaduras militares.

–La ley de Radiodifusión vigente en la Argentina, la 22.285, fue inspirada por la Doctrina de Seguridad Nacional.

–Exactamente. La ley de Argentina viene de la dictadura, por eso me parece extraño que haya quienes digan “no, que las cosas se queden como están y dejemos esa ley”. Nunca ningún país con dignidad democrática puede permitir que leyes de la dictadura permanezcan. Es urgente cambiarlas en todo el continente pero especialmente en la Argentina. Además, se la está intentando cambiar de una forma democrática.

-Uno de los ejes del nuevo proyecto es la actividad de la televisión por cable. Hasta ahora en la Argentina el cable es considerado un servicio complementario, no un servicio básico de la comunicación. ¿Este proyecto debería legislar sobre la televisión por cable?

–Un proyecto de ley tiene que legislar sobre todo lo que tenga que ver con comunicación de materiales audiovisuales. Le cuento la ironía de las ironías. En mi país, Guatemala, la televisión abierta, que cubre el 90 por ciento de la población, es un monopolio. Un monopolio extranjero. Sin embargo, la televisión por cable se volvió un medio comunitario. Todos los pequeños municipios del país, incluyendo los municipios indígenas, tienen un canal de cable local, municipal. La televisión por cable puede ser comunitaria, como cualquier otro medio. Por consiguiente, debe ser regulada. Lo que pasa es que siempre va a haber alguien que proteste, cuando los intereses económicos, especialmente monopólicos, son afectados. Pienso que ésta es la obligación de todo Estado.

–Usted dice que la Argentina puede convertirse en un caso testigo de democratización del mapa de medios en América latina. Pero el Gobierno no hizo una buena elección. ¿No teme que finalmente el proyecto no sea aprobado y el fracaso se termine convirtiendo en un caso testigo, pero por la negativa?

–Bueno, yo mañana (por hoy) me reúno con las dos comisiones de Comunicación del Congreso. Y pienso insistirles con el tema. Voy a pedirles conciencia. Convertir este proyecto en ley sería una muestra de la madurez política de Argentina por parte del Congreso. Nadie debe quedarse afuera de esta experiencia. Además, no entendería cuáles podrían ser las razones, en un país que goza desde hace veinte años de democracia, de querer mantener una ley de la dictadura.

Dick Cheney ocultó al Congreso un plan antiterrorista de la CIA

Emilio Romero / Nueva York

Poco  a  poco se van conociendo más detalles de lo que lleva camino de convertirse en un nuevo escándalo político en EEUU. Comenzó hace, cuando la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, denunció que la CIA había “mentido” sobre las técnicas empleadas en los interrogatorios a sospechosos terroristas. Los republicanos, indignados, pusieron el grito en el cielo y arremetieron contra Pelosi. Pues bien, ahora el actual director de la CIA ha reconocido que por orden de la Casa Blanca la agencia llevaba años ocultando al Capitolio un plan antiterrorista puesto en marcha de forma secreta por la Administración Bush después del 11-S. Panetta ha revelado que detrás de esa orden estaba el mismísimo Dick Cheney, ex vicepresidente del país. Panetta no ha hablado en público sobre el tema, pero el 24 de junio reunió a un grupo de congresistas para informarles de ese plan, encuentro en el que estaba una senadora demócrata que ayer confirmó a la cadena Fox el contenido de la conversación. Siempre según Dianne Feinstein, fue Cheney quien ordenó a la CIA ocultar el plan que, según el Washington Times, incluso autorizaba asesinatos en el extranjero. La Casa Blanca está obligada a informar al Congreso sobre cuestiones que afecten a la seguridad del país, motivo por el que Feinstein, que preside el Comité de Inteligencia del Senado, considera que la ocultación de ese plan constituiría un delito. “La ley es muy clara al respecto y aunque pueda entender las necesidades de aquellos días deberían habernos informado”, afirmó la senadora demócrata. Para otros lo ocurrido es mucho más grave y no dudan en tildarlo de “ilegal”.

Y mientras , el Departamento de Justicia ha dejado por primera vez la puerta abierta a nombrar un fiscal especial para investigar las torturas y el papel de los altos funcionarios de Bush en la lucha contra el terrorismo, decisión que supondría un giro de 180 grados ya que el propio Obama se ha mostrado reacio a investigar esos crímenes.

A esta altura, la denominada hoja de ruta, de autor desconocido, que habrían firmado Armenia y Turquía, no se sabe fehacientemente en qué momento y lugar, se ha convertido en una entelequia que tuvo su cuarto de hora de notoriedad al concitar la atención de toda la armenidad (1).

Esta hoja de ruta, según se difundió, establece un cronograma de acciones, supuestamente negociadas entre Armenia y Turquía, para culminar, sin fecha prevista, con la apertura de fronteras entre ambos países, que viene al caso recordar, Turquía mantiene cerradas por decisión unilateral desde 1993.

Según las versiones provenientes de diarios turcos de diversas cepas,a tamaño gesto de ”buena vecindad”, Armenia respondería “entregando” la república de Artzaj (Nagorno Gharapagh) a Azerbaidján, renunciando a los reclamos territoriales firmados en su perjuicio entre Turquía y la Unión Soviética en 1923, retirando de su agenda a nivel internacional las movilizaciones y reclamos tendientes al reconocimiento por parte del estado turco del genocidio cometido y, además, accediendo a formar parte de una Comisión de Historiadores que analizaría si existió o no dicho genocidio.

Llama la atención, a primera vista, la desprolijidad con que se difunde el contenido, se muestra la falta de correspondencia entre las concesiones que se hacen las partes y, en particular, cómo se ignora la inexistencia de un acto formal para la firma de un documento tan importante.

Que sean los diarios turcos, incluso aquellos que no son afines al gobierno de su país, quienes difunden el hecho, no modifica la realidad de que dicho documento continúe siendo oculto, y en cierta medida misterioso, y que las versiones a su respecto deban ser legalmente consideradas como oficiosas, aunque hayan sido suficientes para servir de pretexto al presidente de USA que, aludiendo a ellas, eludió su compromiso de reconocer el Genocidio cometido contra los armenios, argumentando la existencia de negociaciones entre las partes en las que él, respetuosamente, no quería interferir.(2).
Y también, no se debe olvidar, que la divulgación de dicho trazado, aún en estas condiciones, ha servido para provocar reacciones de cuño auténtico dentro y fuera de Armenia.

La invitación extendida por el presidente armenio, Serge Sarkissián al Premier Turco Erdogán, para asistir el pasado 22 de abril a un partido de fútbol disputado en Ereván, capital de Armenia, entre las selecciones de ambos países, emitió señales hacia afuera de que efectivamente se mantenían contactos entre ambos países y que a Armenia le estaba destinada, por imperio de las circunstancias, extender la invitación.

Luego, a través de las declaraciones del presidente Sarkissián, el gobierno de Armenia dio a entender de manera elíptica, la existencia de dicho documento, al brindar garantías a su pueblo, afirmando que nada de lo importante, de lo fundamental, para la dignidad y la historia de los armenios se había aceptado o entregado. Seguridades brindadas sin revelar el contenido de ese supuesto documento que habría firmado y en base al cual hacía esos descargos y aclaraciones. Declaraciones realizadas sin firmeza, titubeantes, que sirvieron para acrecentar los temores y las dudas existentes, hasta convertirlas en convicciones firmes en la opinión pública dentro de Armenia y de la diáspora.

Para dar mayor seguridad a las crecientes dudas existentes y confirmando los temores, la Federación Revolucionaria Armenia (FRA) que formaba parte de la coalición de gobierno, decidió alejarse de la misma y denunció la existencia de ese acuerdo. Poco después, el Comité Ejecutivo del Partido Social-Demócrata Henchakián hizo una fuerte declaración pública coincidente en el rechazo a dicho documento, en tanto que dirigentes políticos ajenos al oficialismo denunciaron la existencia de negociaciones y hablaron de “las derrotas sufridas por Armenia”.
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Ante estas evidencias es válido deducir que, en verdad, deben haber existido negociaciones; que las mismas y sus resultados han sido difundidos, oficiosamente, por una de las partes y, que sin negarlas, han recibido aclaraciones oficiales por parte de la otra. Pese a esto el contenido, oficial y completo del documento, incluyendo “la letra chica”, continúa siendo desconocido por la opinión pública.

La versión turca, reconocida por USA y usada como pretexto por Obama, fue aceptada de hecho como oficial y valedera por las agencias noticiosas y tuvo su repercusión en la prensa internacional que así confirmó la existencia de dichas negociaciones y Turquía se llevó las palmas del reconocimiento internacional por su buena disposición a lograr acuerdos en busca de la paz.
Esa es, la condición de entelequia que caracteriza a la hoja de ruta.

En este marco, tan falto de nitidez y tan cargado de significados presumibles, la diáspora fue y es coincidente en rechazar las cláusulas de ese documento virtual, y en afirmar, con diverso énfasis, que existen temas que no pueden ser objeto de negociación. En realidad, estas afirmaciones junto con las aclaraciones del presidente Sarkissián, significan que todo el contenido del documento merece rechazo. Aunque, cabe aclarar, desde el punto de vista de su efectividad, que este rechazo no va más allá de lo verbal y de algunas actitudes de denuncia. No hay, por ahora al menos, propuestas en contrapartida, respaldos y movilizaciones en Armenia y la Diáspora, negando la propuesta y respaldando posibles respuestas. Es decir que, hasta ahora al menos, la armenidad ha renunciado a hacer lo único que Armenia y su Diáspora pueden hacer con total derecho y libertad: la movilización de protesta, y las acciones de denuncia por todos los medios posibles.

Hecho el planteo y el análisis de situación de lo sucedido y de lo que rodea a este documento así como su valoración en el terreno internacional, se puede conjeturar que la situación creada le brinda a Turquía, que cuenta con la bendición implícita de USA, un papel protagónico ejemplar, digno de reconocimiento como factor de paz en dicha zona y coloca a Armenia en el difícil papel de país díscolo, huraño, protestador, que no tiene amigos y al que hay que soportar por buena educación o por respeto a ciertos principios del derecho internacional.

En el ámbito de la armenidad, pese a que momentáneamente se han acallado sus ecos, la hoja de ruta tiene, desde su concepción y planteo, un carácter de amenaza latente, siempre disponible para sus creadores y a la que pueden echar mano en cualquier momento, convirtiéndola, sin mayor trámite, en un factor decisivo y disuasivo para la solución de, váyase a saber qué tipo de conflicto, real o provocado, en la zona caucásica. Entretanto, mientras no sea utilizada, y dado su carácter acechante, desempeña el rol de la Espada de Damócles sobre la Nación Armenia.

Además, como efecto inmediato de su difusión, este proyecto ha servido y sirve para medir la capacidad de reacción y respuesta de la armenidad ante eventuales ataques que puedan producirse sobre cualesquiera de sus partes integrantes.

Esta medición la pueden hacer, y seguramente por estar dentro de sus objetivos la han hecho, los ideólogos creadores de la hoja de ruta, pues les sirve, en primer término y de inmediato, para evaluar el carácter y la intensidad de las reacciones con que puede responder o contraatacar la armenidad.

Pese a esta larga lista de aspectos realmente negativos para la armenidad, que se han desarrollado en torno a la hoja de ruta, sería imperdonable que ella desconociera y no intentara beneficiarse, sacando enseñanzas del único elemento positivo que puede extraer de esta circunstancia; ella también puede y debe utilizar los indicadores que surgen al evaluar las consecuencias de ese croquis político que se ha lanzado al ruedo. Así como sus enemigos evalúan, también lo debe hacer Armenia, aunque más no sea para tomar conciencia de sus debilidades y, si existieran, eventualmente, de sus fortalezas, aunque fueren potenciales. Pero es innegable que esa toma de conciencia de su realidad, es elemento indispensable para que Armenia y su Diáspora la armenidad toda, elabore una vital estrategia de sobrevivencia.

Notas
1) armenidad se aplica a la resultante de Armenia y su Diápora, sumadas, unidas o integradas.
2) Ver en esta misma sección : “Armenia y el síndrome del Titanic” del 07/06/09

http://www.armeniosenuruguay.com/armenia-en-la-region-y-el-mundo/hoja-de-ruta-%c2%bfentelequia-espada-de-damocles-o-termometro/

El paso de los días va aclarando las cosas. O al revés: se acentúan los tics de la Guerra Fría, sólo que ahora es Teherán en lugar de Moscú. Los neoconservadores de EE.UU. quieren aprovechar las manifestaciones multitudinarias contra el resultado de la elección presidencial –inéditas desde las que derrocaron al sha en 1979– para “exportar la democracia” a Irán mediante una injerencia desde luego militar. Por el lado iraní, los centenares de miles que salieron a las calles de la capital y otras ciudades del país son, para el líder islámico supremo Jamenei y el presidente Ahmadinejad, “traidores” empujados por la CIA y Tel Aviv. A ver, a ver.

Hace años que la CIA organiza, entrena, arma y financia a grupos terroristas como Jundullah para realizar atentados en Irán (ABC News, 3-4-07). El conocido periodista Seymour Hersh informó que a fines del 2007 “el Congreso aprobó la iniciativa del presidente Bush de destinar 400 millones de dólares a una escalada de las operaciones encubiertas contra Irán... con el objetivo de desestabilizar a la dirigencia religiosa del país”(The New Yorker, 29-6-08). El gobierno de Obama delinea planes para financiar a los disidentes iraníes continuando ese empeño (USA Today, 25-6-09). Todo esto es innegable. Lo dudoso es que sólo esas intromisiones hayan despertado semejante ira popular: siguió manifestándose a pesar de los muertos, los detenidos, los desaparecidos y los terribles castigos que prometió el gobierno.

El Consejo de Guardianes de la Revolución reconoció que en 50 ciudades del país votó más del ciento por ciento de los inscriptos en el padrón. Aun así, es muy probable que Ahmadinejad haya ganado las elecciones: goza de un arraigo importante en las zonas rurales. Se llevaron a cabo más de una docena de encuestas con resultados dispares desde que el presidente iraní y el ex primer ministro Hussein Musavi anunciaran sus candidaturas en marzo de este año. La mayoría daba por ganador a Ahmadinejad, aunque algunas adictas a Musavi –como la agencia de noticias Tabnak– pronosticaban su victoria por un no creíble margen de hasta el 30 por ciento (www.counterpunch.org, 22-6-09). Fueron encuestas con indudable sesgo político.

Hubo una, sin embargo, no sujeta a esas influencias, que encargaron la ABC News estadounidense y la BBC británica y realizaron entidades sin fines de lucro y de reconocida seriedad: The Center for Public Opinion de Washington y KA Europe SPRL, con asiento en Bruselas, capital de la Unión Europea. Se efectuó del 11 al 20 de mayo, un mes antes de las elecciones, y cubrió las treinta provincias de Irán con el siguiente resultado: Ahmadinejad, 34 por ciento, Musavi 14 por ciento, indecisos 27. Pero la importancia mayor de esta encuesta radica en otras cifras que explicarían la oposición de millones de iraníes que no vacilaron en arriesgar la vida.

Un 77 por ciento de los interrogados se pronunció en favor de un sistema político más abierto y democrático, en el que incluso el todopoderoso líder supremo de Irán, cabeza de los ayatolás, fuera elegido por votación popular libre y directa, como las demás autoridades del país. El ayatolá Alí Jamenei, y no el presidente Ahmadinejad, es quien define en última instancia las políticas de la República Islámica. El 96 por ciento de los entrevistados reconoció que tanto el liderazgo supremo como la presidencia son instancias influyentes en el gobierno, pero un 70 por ciento piensa, con razón, que la última tiene facultades inhibidas por el primero. Un 93,9 por ciento estima muy importante que la gestión del presidente incluya la defensa de los derechos humanos.

El pueblo iraní no carece de experiencia comicial –doce elecciones generales desde el triunfo de la revolución islámica– y, a diferencia de ciertas democracias más antiguas, un 94,9 por ciento de los encuestados considera muy importante o bastante importante la labor del Parlamento. El 62 por ciento opinó que era esencial la libertad de prensa, y lo mismo declaró el 87 por ciento sobre la necesidad de elecciones libres. En cuanto a si el gobierno había reducido el desempleo y la inflación, los pareceres se dividieron. Pero a la pregunta de si Ahmadinejad había cumplido su promesa de “poner el dinero del petróleo en las mesas del pueblo”, el 58 por ciento dijo “no”, contra el “sí” del 27,8 por ciento.

Hay otros índices significativos: la mayoría de los interrogados se pronunció a favor de negociar con EE.UU., resolver conjuntamente el problema iraquí y cesar el apoyo iraní a los grupos armados iraquíes, ampliar las relaciones comerciales y políticas con otros países, aceptar asistencia médica, educativa y humanitaria del exterior. Estas aspiraciones mueven a creer que no todos los manifestantes eran “traidores” a Irán. Antes, por el contrario.