El escenario político cultural de la Argentina actual permite pensar en la obsolescencia de la definición de lo que hasta hoy entendemos como “medios masivos de comunicación”. O, al menos, de la pertinencia de este nombre para algunos de estos actores clave de la dinámica de las sociedades mediatizadas en las que vivimos. En textos anteriores pensamos a los “medios” como organizaciones complejas, que trabajan con una mercancía de doble valor: material y simbólico. Y los definimos como actores políticos y económicos, concepción que se volvió mucho más efectiva en el país luego de la representación que algunos de ellos (los más importantes y concentrados) hicieron del conflicto por la Resolución 125.

Un debate sobre esta concepción se vuelve tan necesario como urgente y relevante, dada la estructura del sistema político, del sistema de comunicación y de sus dinámicas. En un trabajo contemporáneo, Rossana Reguillo (2004) le advierte a Marcos “sobre la existencia de al menos tres temporalidades distintas con las cuales el movimiento zapatista tendrá que lidiar: la interna del propio movimiento (asamblearia, reflexiva, de toma de decisiones); la externa de la sociedad civil (que regresa a su cotidianidad luego de ver, nuevamente, frustradas sus esperanzas de cambio); y la velocísima temporalidad de las agendas mediáticas (que corren detrás de noticias espectaculares y cuyas primicias son tan fugaces como efectistas)”.

Si se parte de esta idea y se sostiene (como planteamos con C. Dodaro y M. G. Rodríguez en un texto reciente) que la agenda de los medios es distinta de la del Estado y la del gobierno, que es dinamizada por los tiempos específicos de los juegos políticos, se puede avanzar sobre dos ideas. La primera de ellas refiere a la necesidad de proponer un nuevo modo de definir (algunos de) los medios masivos de comunicación, por al menos tres razones: a) no son vehículos de intermediación, ya no están en medio de algo, sino en el lugar de sus propios intereses; b) no son herramientas al alcance de todos los ciudadanos en condiciones igualitarias; y c) su función central es la de formar/informar sentidos y representaciones de acontecimientos, y no la de comunicación en sentido amplio. La segunda idea es que –en términos estructurales– los medios masivos han puesto en discusión el rol del Estado en la producción de sentidos, y también de la política. En esta línea, como ejemplo, una mirada sobre la coyuntura permite plantear que hasta ahora, los gobiernos kirchneristas buscaron –con mayor o menor intensidad, según el momento y el actor enfrentado– poner en discusión la construcción de sentidos y discursos de los principales medios, con la constante apelación a las editoriales de La Nación de Néstor Kirchner o a “los títulos en letras de molde” de Cristina Fernández como ejemplos más claros.

Así, propongo concebir a los “medios masivos de comunicación” como “agentes corporativos de información”, para entender a esos actores que cuentan con capacidad económica y política para afectar (si no definir) en grado importante el escenario de discusión y acción cotidiana. Las noticias y asuntos cotidianos (los resultados de las elecciones, la pandemia de gripe A o el golpe de Estado en Honduras, por poner tres temas actuales) funcionan como estudios de caso que se aplican a esta propuesta y permiten repensar también el vínculo entre estos agentes corporativos de información, la sociedad y la vida cotidiana, un juego del que todos participamos, aunque con armas y posibilidades diferentes.

Esta idea de una nueva nomenclatura excluye a los medios comunitarios, alternativos, populares, críticos, alterativos (y un “otros” amplio), de cualquier soporte posible (digitales, impresos y de radiodifusión) y de gestión no comercial, por varias razones, entre las que se destacan: su rol central para la construcción de discursos no homogéneos, la posibilidad de democratizar la palabra, y –sobre todo– que los medios de este tipo no ocultan su carácter político/cultural, porque su objetivo suele ser la participación en el espacio público, la disputa por el sentido en ese espacio, que siempre es político.

Esta propuesta intenta abrir el debate acerca del modo en que concebimos desde la teoría, pero también desde la práctica, a los actores centrales de nuestra contemporaneidad, el rol que ocupan y el modo en que afectan la vida cotidiana de las personas. La intención es abrir una discusión que no está cerrada en modo alguno. Y que al ser una definición en constante proceso de construcción muestre su mayor virtud: politizar de modo constante la comunicación desde sus cimientos y núcleos.

* Docente-investigador UBA.

El escenario político cultural de la Argentina actual permite pensar en la obsolescencia de la definición de lo que hasta hoy entendemos como “medios masivos de comunicación”. O, al menos, de la pertinencia de este nombre para algunos de estos actores clave de la dinámica de las sociedades mediatizadas en las que vivimos. En textos anteriores pensamos a los “medios” como organizaciones complejas, que trabajan con una mercancía de doble valor: material y simbólico. Y los definimos como actores políticos y económicos, concepción que se volvió mucho más efectiva en el país luego de la representación que algunos de ellos (los más importantes y concentrados) hicieron del conflicto por la Resolución 125.

Un debate sobre esta concepción se vuelve tan necesario como urgente y relevante, dada la estructura del sistema político, del sistema de comunicación y de sus dinámicas. En un trabajo contemporáneo, Rossana Reguillo (2004) le advierte a Marcos “sobre la existencia de al menos tres temporalidades distintas con las cuales el movimiento zapatista tendrá que lidiar: la interna del propio movimiento (asamblearia, reflexiva, de toma de decisiones); la externa de la sociedad civil (que regresa a su cotidianidad luego de ver, nuevamente, frustradas sus esperanzas de cambio); y la velocísima temporalidad de las agendas mediáticas (que corren detrás de noticias espectaculares y cuyas primicias son tan fugaces como efectistas)”.

Si se parte de esta idea y se sostiene (como planteamos con C. Dodaro y M. G. Rodríguez en un texto reciente) que la agenda de los medios es distinta de la del Estado y la del gobierno, que es dinamizada por los tiempos específicos de los juegos políticos, se puede avanzar sobre dos ideas. La primera de ellas refiere a la necesidad de proponer un nuevo modo de definir (algunos de) los medios masivos de comunicación, por al menos tres razones: a) no son vehículos de intermediación, ya no están en medio de algo, sino en el lugar de sus propios intereses; b) no son herramientas al alcance de todos los ciudadanos en condiciones igualitarias; y c) su función central es la de formar/informar sentidos y representaciones de acontecimientos, y no la de comunicación en sentido amplio. La segunda idea es que –en términos estructurales– los medios masivos han puesto en discusión el rol del Estado en la producción de sentidos, y también de la política. En esta línea, como ejemplo, una mirada sobre la coyuntura permite plantear que hasta ahora, los gobiernos kirchneristas buscaron –con mayor o menor intensidad, según el momento y el actor enfrentado– poner en discusión la construcción de sentidos y discursos de los principales medios, con la constante apelación a las editoriales de La Nación de Néstor Kirchner o a “los títulos en letras de molde” de Cristina Fernández como ejemplos más claros.

Así, propongo concebir a los “medios masivos de comunicación” como “agentes corporativos de información”, para entender a esos actores que cuentan con capacidad económica y política para afectar (si no definir) en grado importante el escenario de discusión y acción cotidiana. Las noticias y asuntos cotidianos (los resultados de las elecciones, la pandemia de gripe A o el golpe de Estado en Honduras, por poner tres temas actuales) funcionan como estudios de caso que se aplican a esta propuesta y permiten repensar también el vínculo entre estos agentes corporativos de información, la sociedad y la vida cotidiana, un juego del que todos participamos, aunque con armas y posibilidades diferentes.

Esta idea de una nueva nomenclatura excluye a los medios comunitarios, alternativos, populares, críticos, alterativos (y un “otros” amplio), de cualquier soporte posible (digitales, impresos y de radiodifusión) y de gestión no comercial, por varias razones, entre las que se destacan: su rol central para la construcción de discursos no homogéneos, la posibilidad de democratizar la palabra, y –sobre todo– que los medios de este tipo no ocultan su carácter político/cultural, porque su objetivo suele ser la participación en el espacio público, la disputa por el sentido en ese espacio, que siempre es político.

Esta propuesta intenta abrir el debate acerca del modo en que concebimos desde la teoría, pero también desde la práctica, a los actores centrales de nuestra contemporaneidad, el rol que ocupan y el modo en que afectan la vida cotidiana de las personas. La intención es abrir una discusión que no está cerrada en modo alguno. Y que al ser una definición en constante proceso de construcción muestre su mayor virtud: politizar de modo constante la comunicación desde sus cimientos y núcleos.

* Docente-investigador UBA.

El grupo de hombres de negro que se despliega cada noche por la ciudad, con las siglas UCEP en su uniforme, se ha convertido en una verdadera fuerza de cazadores de indigentes. Así lo revela un informe del propio Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, elaborado en respuesta a un pedido de la Defensoría del Pueblo, que desmiente las declaraciones públicas de su jefe, el ministro Juan Pablo Piccardo. En poco más de siete meses, la fuerza de choque creada por el gobierno de Mauricio Macri para despejar el espacio público de gente pobre y sin techo se anotó 444 desalojos. De acuerdo con el detallado informe, al que accedió Página/12, en sólo nueve de ellos no se menciona la palabra “indigente” cuando se hace referencia a la “problemática” que motivó el procedimiento. No hay ninguna mención a presuntas tareas de remoción de carteles o incautación de productos de la venta ilegal, como había mencionado Piccardo como tareas propias de esa fuerza. En la gran mayoría de los casos, el resultado del operativo fue que “se restauró el espacio público”, un eufemismo que da cuenta del desalojo sumario de los indigentes del lugar que ocupaban. El informe confirma que la UCEP se ampara en la oscuridad: actúa de 23 a 6 de la madrugada, el horario en que los sin techo descansan. Precisa que está integrada por 26 personas. No indica si se les brindó a esas personas ayuda social o albergue provisorio. Ni hace referencia a la modalidad empleada que, según las denuncias formuladas ante la Justicia, incluyen agresiones físicas, el robo y la destrucción de las pertenencias de las víctimas.

El título de la extensa lista de operativos incluida en el informe lleva el sugestivo título de “Stock de procedimientos realizados”. La nómina pretende ser exhaustiva: además del número de caso y la fecha en que se realizó, se detalla el “asunto”, la “ubicación”, la “problemática”, el CGP al que pertenece el lugar y el “resultado” del procedimiento.

El informe, elaborado por el personal de la UCEP, con la firma de su responsable, el director de Ordenamiento del Espacio Público, Jorge Polini, releva los casos desde el 17 de febrero hasta el 30 de septiembre de este año. En total, son 225 días corridos en los que se acumularon 444 procedimientos, un promedio de casi dos operativos por día, suponiendo que la UCEP trabaje sábados, domingos y feriados. Pero hubo días, como el 3 de marzo, en que los efectivos batieron todos los records, con veinticuatro procedimientos. El 26 de marzo y el 17 de abril consumaron nueve desalojos cada día, mientras que el 13 de julio hubo ocho y el 22 de septiembre, siete.

El gobierno porteño respondió con este expediente a un pedido realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el 4 de septiembre último, en el que le daba un plazo de diez días para que informe “la cantidad de operativos ejecutados” y la “forma en que se implementaron esos procedimientos, cantidad de personal empleado, horario de actuación y si hubo intervención de otros organismos”. La respuesta llegó a la Defensoría el 21 de octubre, en un expediente de 32 folios, de los cuales 24 corresponden al extenso listados del “stock de procedimientos”.

La descripción de los motivos que originaron cada operativo no tiene desperdicios y brinda, por sí misma, una idea certera de la misión de la UCEP:

- En Sánchez de Bustamante y Mansilla, la esquina del Hospital de Niños, el grupo intervino porque “indigentes consumen el agua del hospital”.

- En Vidt al 1800, desalojaron “un asentamiento de indigentes de alta peligrosidad”, aunque sin aclarar en qué consistía el peligro.

- En Senillosa 650 (Caballito) se ocuparon de un “indigente de alta peligrosidad que merodea la zona hace tres años y ocasiona disturbios”. En rigor, según vecinos que lo conocen, se trata de un hombre con las facultades mentales alteradas que vivía en la vía pública.

También es curioso que en la columna “asunto”, donde aparecen referencias a cómo se inició cada procedimientos (denuncias de los CGP, por ejemplo), aparezcan los nombres de Gabriela Michetti, Mauricio Macri, el propio Juan Pablo Piccardo, las siglas HRL (coincidentes con la del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta), la diputada Silvia Madjalani. También se mencionan notas del diario La Nación.

El ministro Piccardo, responsable político de la UCEP, deberá hacer frente hoy al cuestionamiento de la oposición, cuando se presente en la Legislatura para dar cuenta de las asignaciones previstas en su cartera en el Presupuesto 2010. A propósito, el diputado electo Fernando “Pino” Solanas, se presentará en la Legislatura junto a los legisladores de Proyecto Sur para denunciar el aumento de presupuesto para 2010 para ese “grupo de tareas” del macrismo.

El jueves último, la Defensoría del Pueblo junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría oficial de la Justicia porteña denunciaron la existencia de catorce casos de desalojos violentos, con lesiones, amenazas y el robo de las pertenencias de las víctimas, y pidieron la disolución de la UCEP.

Todos los procedimientos denunciados ocurrieron durante la madrugada, los objetos incautados terminaron en un compactador de basura y ninguno de los desalojados recibió contención o asistencia social.

El mismo jueves, el ministro Piccardo dijo a Página/12 que la UCEP “tiene muchas funciones vinculadas con el buen uso de la fuerza pública”, entre los que mencionó el “retiro de carteles instalados en forma ilegal y de puestos callejeros”. Los datos que aportó su propia cartera se encargaron de desmentirlo.

Médicos sin fronteras y los derechos humanos

escrito por Guillermo Macías y Díaz Infante

Tuesday, 28 de July de 2009

 

Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1999. “Médicos sin Fronteras” es una institución internacional altruista, sin fines de lucro, que colabora para llevar salud, como uno de los elementales derechos humanos a miles de seres humanos en todo el mundo.

Según su documento fundacional la institución aporta su auxilio a los pueblos del mundo en condiciones de emergencia o de necesidad extrema cuando han sido víctimas de catástrofes naturales o de origen humano o por situaciones de beligerancia, sin ninguna distinción de raza, credo religioso, filosófico o político. Otorga su ayuda a grupos de refugiados o desplazados así como en casos de epidemias, necesidades alimentarias, sobre todo en el aspecto del combate a la desnutrición extrema como problema de salud; también brinda su apoyo en situaciones de post-conflicto, de acceso a los cuidados de salud y otros problemas específicos.

La institución tuvo su origen a principios de la década de los setentas en Francia, a raíz del conflicto de Biafra (región actualmente de Nigeria), en donde la guerra civil privó de posibilidades de alimentación a cientos de miles de seres humanos. Nuestros actuales jóvenes no tienen idea de las imágenes que recorrían en mundo en aquél tiempo y nos presentaban las condiciones de desnutrición en que se encontraba ese pueblo: niños, mujeres y adultos, en condiciones indescriptibles de hambre. Algunos médicos franceses que apoyaban a la Cruz Roja Internacional en el apoyo a esa población fueron testigos de esa catástrofe en relación a la cual la Cruz Roja, por sus condiciones internacionales de neutralidad se veía limitada para denunciar las calamidades, causas y circunstancias que rodeaban aquella hambruna. Posteriormente, en los mismos principios de los setentas un ciclón devastó al Pakistán Oriental, hoy Bangladesh, generando cientos de miles de víctimas. Esta catástrofe generó, debido a la negligencia gubernamental, diez millones de refugiados hacia la vecina India –cantidad enorme, para proporcionarle lo indispensable para su sobrevivencia-, resultando inclusive insuficiente y tardía la ayuda de la Organización de Naciones Unidas.

Fue entonces que la comunidad médica francesa, a través de sus actividades de difusión lanzó una convocatoria pública para constituir en 1971 una agrupación para ir en auxilio de estos millones de seres humanos en situación de extremo peligro. La característica fue diferenciarse de la neutralidad internacional de la Cruz Roja, y tener una mayor libertad de acción y la posibilidad de poder hacer denuncias públicamente a nivel internacional sobre las condiciones, causas, motivos, características y circunstancias de estas catástrofes.

La institución se desarrolló rápidamente a nivel mundial gracias al empuje y voluntad de muchas personas que colaboraron y colaboran con esta actividad humanitaria, que brinda su ayuda gracias a los donativos desinteresados de miles de personas en el mundo. Inicialmente hacia África –Chad, Etiopía, Mali y otros países en condiciones deplorables de necesidades de salud y alimentación- llegando luego a con su auxilio y apoyo a Armenia cuando fue devastada por un terremoto, entrando la institución en este país como una de las primeras en recibir la apertura de la ex-Unión Soviética. Más adelante, después de la caída del muro de Berlín en 1989 la ayuda de Médicos Sin Fronteras no sólo se enfoca a países de escaso desarrollo sino que ya apoya también sobre la emergente Europa del Este.

Traduzco directamente de la información en francés de esta institución: las actividades médicas giran en torno al eje de la prevención y del tratamiento, así como sobre los casos de urgencias y en proyectos de largo plazo. Médicos sin Fronteras igualmente participa en el terreno de la ayuda alimentaria, de la higiene y saneamiento y de la asistencia sicosocial. Según lo permitan las circunstancias los equipos de esta institución trabajan en estrecha colaboración con los gobiernos y organizaciones locales a fin de reforzar las estructuras médicas existentes en los países.

Durante los años subsecuentes a su inicio, Médicos sin Fronteras ha brindado su colaboración humanitaria en medio de severos conflictos, como el exterminio étnico desatado en la ex–Yugoslavia, el genocidio en Ruanda, y en medio de la exterminación de los kurdos de Irak, así como en los campos de refugiados de Tailandia. Médicos sin Fronteras ha desarrollado su actividad en casi noventa países del mundo –casi la mitad de los pueblos de la Tierra- tanto en África, como en el sudeste de Asia, en Asia central, en Europa, en América Latina y Oceanía; es decir, su participación altruista para colaborar a mitigar el dolor, el hambre y las condiciones infrahumanas de existencia se ha extendido a y en los cinco continentes. Una auténtica actividad a favor de los derechos humanos.

El sesenta por ciento de sus integrantes pertenecen a la actividad de salud: médicos, enfermeras, psicólogos y desde luego especialistas en cirugía, anestesiología y otras muchas ramas de la medicina. El otro cuarenta por ciento son integrantes de los ámbitos de la administración y finanzas, los aspectos legales, la logística e inclusive técnicos en cuestiones de instalaciones sanitarias.

La organización se divide en cinco centros operativos principales, entre ellos el de Bélgica, el de Francia y el de Suiza, así como otras catorce secciones institucionales en el mundo, entre ellas la de Canadá, Estados Unidos, Alemania, Hong Kong, Reino Unido, Grecia, Japón, Australia y la oficina internacional en Ginebra.

Sus finanzas son escrupulosamente manejadas. Siendo una de las instituciones de salud para casos de emergencia en el mundo, el manejo de sus recursos es escrupuloso. Recibe sus ingresos de donantes particulares –tan sólo en Bélgica tiene más de 360,000 donantes permanentes y este centro operativo recibió ingresos en 2008 de ciento cuarenta y cinco millones de euros-, así como de ayuda de gobiernos, de otras instituciones internacionales, empresas de todo el mundo y fundaciones. El importe del Premio Nobel de la Paz lo tiene destinado a la organización de una campaña internacional para acceso a medicamentos para los pueblos más pobres del mundo.

Médicos sin Fronteras considera como un deber propio la denuncia pública de crisis médicas humanitarias y de las violaciones a los derechos humanos ligadas a la salud, alimentación y en general a los aspectos humanitarios, pretendiendo abrir los ojos de la comunidad internacional y, de ser posible, propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades locales. Esta institución ya cuenta con una ramificación en México. Esperemos que se desarrolle como lo ha hecho en el mundo. Hay mucho qué hacer en nuestro país a favor de la salud como expresión de los derechos humanos. Nos vemos la semana que entra si dios nos da vida y otros no nos la han quitado.

lic.guillermo.macias@gmail.com

OTRO CONFLICTO OLVIDADO EN EL CÁUCASO

Nagorno Karabaj, una anomalía cartográfica

La invasión de Georgia a manos de Rusia y su posterior reconocimiento de Abjasia y Osetia del Sur forzó una mesa de negociaciones el pasado noviembre en torno al conflicto de Nagorno Karabaj. Invitados por el Kremlin, Armenia y Azerbaiyán negocian hoy la salida a un conflicto que lleva ya 20 años en punto muerto. Esta es la crónica de un viaje al lugar donde las fronteras entre Europa y Asia se desdibujan en tierra de nadie.

En las sociedades mediatizadas, la televisión, la radio y los diarios ocupan un lugar central en nuestras vidas. Pero ¿nos preguntamos cada uno de nosotros qué son y cómo funcionan? Los medios de comunicación son organizaciones complejas que trabajan con una mercancía de doble valor: material y simbólico. Por un lado, cumplen un rol social clave, dado que son los grandes productores de discursos y sentidos. De hecho, en la sociedad actual cuentan, entre otros poderes, con la capacidad de brindar o quitar visibilidad a temas, acciones y actores sin que esto pueda ser puesto en discusión. Por otro lado, el sistema de medios privado-comercial produce y distribuye sentidos con objetivos económicos, los trabaja como mercancías y los pone en circulación con la lógica de flujo. Es decir, la información viaja en un solo sentido, desde el emisor hacia los múltiples receptores, sin posibilidad de respuesta y diálogo. Esta es la única forma que han encontrado de funcionar económicamente, el único modelo de negocios que funciona, dado que los medios tienen una composición de gastos problemática: sus costos fijos son altos y sus costos variables son reducidos. De ahí su necesidad de generar economías de escala (proceso mediante el cual los costos de producción tienden a reducirse cuando aumenta la cantidad de objetos producidos, con lo cual se maximizan los ingresos) que lleva a la concentración. En el proceso por el cual la información viaja en un solo sentido, el diálogo y la participación parecen excluidos y puede afectarse la democracia de la comunicación.

El recientemente fallecido Nicolás Casullo marcaba la necesidad de pensar culturalmente toda la política y no sólo pensar políticamente el campo cultural. Apoyado en esa tesis, es posible argumentar que en el diseño del modelo de comunicación se juega gran parte de modelo de democracia en el que una nación se desarrolla. En este marco, la concentración y centralización de la propiedad, producción y distribución de los discursos afecta la comunicación, la democracia y la construcción de identidades nacionales. Porque si las condiciones para intervenir en el espacio público –capacidad política por cierto– quedan reducidas a la lógica mercantil, la posibilidad de presentación y representación de las diversidades culturales será pues imposible o al menos improbable.

En la mayoría de las ocasiones, las condiciones para discutir en la esfera pública con una mirada político-cultural y crítica son dificultosas. Porque las organizaciones comerciales dominantes, es decir los medios masivos de comunicación, actúan como propietarios de los espacios donde la discusión debería darse. Y ven este debate como contrario a sus intereses. Las capacidades con las que cuentan, entre las que se destaca la de dar o quitar visibilidad, pero también el poder de nominación de los problemas, hacen que los temas tomen otro sentido al ser incorporados a la superficie mediática. Así, en un sistema de medios como el nuestro, que puede ser definido por Martín Becerra (retomando a Elizabeth Fox) como “comercial y políticamente dócil”, es posible leer, ver y escuchar como “un ataque a la libre prensa” la posibilidad de sancionar una ley de radiodifusión democrática. O encontrarse con pedidos de “seguridad jurídica” para las empresas de medios, que han logrado cambios normativos tan beneficiosos que en realidad funcionan –en tanto emisores hipercomerciales– en un “sistema de hiperseguridad jurídica”, según el propio Becerra.

Desde sus capacidades, los medios comerciales hacen que topemos con planteos que despolitizan las prácticas políticas y las convierten en otra cosa. Convierten, por ejemplo, la discusión por el futuro de la TV digital en un tema de normas técnicas, cuando en realidad es un proyecto económico, tecnológico y cultural de cómo será la TV de los próximos años, un debate que debería incluir la pregunta de para qué y cómo queremos desarrollar esta tecnología en un país como el nuestro. O presentan en noticieros y señales de noticias de TV un “piquete” o un “corte de calles” puesto en serie con “problemas de tránsito”, lo que lo iguala a otras dificultades debidas a arreglos, bacheos o la rotura de un caño de agua. Todo en el mismo paquete y anunciado por un especialista en tránsito. Casi como un parte meteorológico.

El cambio necesario responde a la definición del modelo de democracia. Y también a la posibilidad de contar con herramientas para participar de la discusión.

* Magister en Comunicación y Cultura, Fac. de Ciencias Sociales, UBA.

El Ministerio de Defensa británico pagará una indemnización a la familia de un hombre iraquí que trabajaba como recepcionista de hotel y que murió tras ser torturado durante 36 horas bajo custodia de las tropas británicas en Basora, Irak.

Se abonarán casi tres millones de libras esterlinas como reconocimiento de las graves violaciones de derechos humanos a las que tanto ese hombre como otros detenidos al mismo tiempo que él fueron sometidos por miembros de las fuerzas armadas británicas.

Baha Mousa, iraquí de 26 años y padre de dos hijos, murió en septiembre de 2003. La autopsia reveló que había 93 lesiones distintas en el cadáver. Varios iraquíes que estuvieron recluidos hacia la misma época también fueron torturados y maltratados.

El jueves 10 de julio se anunció que las indemnizaciones ascenderán a 2,83 millones de libras esterlinas (5,59 millones de dólares estadounidenses), a repartir entre la familia de Baha Mousa y nueve hombres más que estuvieron detenidos junto con él.

Según los abogados que actuaron en nombre de Baha Mousa en el litigio para el pago de la indemnización, Daoud Mousa, padre de Baha y ex coronel de la fuerza policial iraquí, ha manifestado en relación con la concesión de la indemnización: “Tengo presente cada día la muerte de mi hijo. El acuerdo de indemnización aliviará algo ese dolor, y servirá en parte para que sus hijos, mis nietos, puedan rehacer su vida.”

Amnistía Internacional ha afirmado que considera que la concesión de esta indemnización es un reconocimiento necesario, aunque muy tardío, de las graves violaciones de derechos humanos a las que Baha Mousa y quienes estuvieron detenidos con él fueron sometidos. La organización estima asimismo que se trata de un paso hacia la reparación de esas violaciones.

En su trabajo sobre este caso, Amnistía Internacional ha hecho campaña para conseguir que el Reino Unido lleve a cabo una investigación completa e independiente sobre todas las circunstancias de la tortura y la muerte de Baha Mousa, y de la tortura de los demás iraquíes recluidos junto con él.

En mayo de 2008, el Ministerio de Defensa anunció finalmente que se iba a abrir una investigación pública sobre este caso. Su ámbito y alcance no se han comunicado aún, pero se ha confirmado ya que la investigación se realizará dentro del marco de la Ley de Investigaciones de 2005.

Amnistía Internacional considera desde hace mucho tiempo que ninguna investigación iniciada en aplicación de esta ley sobre una denuncia de violación grave de derechos humanos será lo suficientemente independiente del gobierno que la encargue como para cumplir los criterios pertinentes establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos.

Leer más

La investigación de Reino Unido sobre la tortura y muerte de un ciudadano iraquí bajo custodia británica debe ser independiente (Noticias, 16 de mayo de 2008)

Accion Urgente sobre TEMOR DEVOLUC REFOULEMENT en ESPAÑA

De: Red Acciones Urgentes, Amnistia Internacional (aauu@es.amnesty.org)

Enviado:

viernes, 22 de febrero de 2008 04:04:30 p.m.

 http://www.es.amnesty.org

Amnistía Internacional Sección Española

Secretariado Estatal Fernando VI, 8, 1º izda. 28004 Madrid Telf. + 91 310 12 77 Fax + 91 319 53 34 amnistia.internacional@es.amnesty.org http://es.amnesty.org

Acción Urgente

 

 

PÚBLICO - Índice AI: EUR 41/006/2008 - Febrero de 2008

 

UA 47/08                                          Temor de devolución / Temor de tortura y malos tratos

 

 

Las autoridades españolas están preparando la extradición de Murad Gasayev a la Federación Rusa, donde correría el riesgo de ser sometido a un juicio sin las debidas garantías, así como a tortura y otros malos tratos. Si prospera la extradición, se estarán conculcando las obligaciones que España tiene contraídas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, como la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El gobierno del Reino de España tiene que dar ahora su aprobación a la extradición para que prosiga el proceso.

 

La Audiencia Nacional, el órgano jurisdiccional español que aprobó la solicitud de extradición, fundamentó su decisión en la garantías dadas por la fiscalía rusa de que Murad Gasayev no sería condenado a muerte ni a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La fiscalía rusa dio también garantías de que, mientras estuviera privado de libertad, Murad Gasayev podría recibir las visitas del Comité de la ONU contra la Tortura.

 

La Asamblea General de la ONU y el relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura han manifestado que tales “garantías diplomáticas” no eximen a los Estados de las obligaciones que tienen contraídas en virtud del derecho internacional de no enviar a ninguna persona a lugares en los que puedan estar expuestas a violaciones de los derechos humanos. Además, el Comité de la ONU contra la Tortura no realiza visitas periódicas a centros de detención, y Rusia no es parte en el derecho internacional que permitiría esas visitas. Las “garantías” dadas por la Federación Rusa no son fidedignas, y en ningún caso eximen a España de sus obligaciones, en virtud del derecho internacional, de no proceder a la extradición de Murad Gasayev a un país en el que estaría en peligro de ser sometido a torturas u otros malos tratos.

 

Murad Gasayev, de origen étnico checheno, está requerido por la Federación Rusa como sospechoso de implicación en un ataque llevado a cabo por un grupo armado contra dependencias gubernamentales en la República de Ingushetia en junio de 2004. Murad Gasayev asegura que cinco funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que llevaban el rostro oculto lo detuvieron en Ingushetia en agosto de 2004, y que se lo llevaron a la sede central del Servicio Federal de Seguridad en Ingushetia, donde lo torturaron e interrogaron en relación con el ataque armado. Pasados tres días de torturas, se lo llevaron en una furgoneta y lo abandonaron en un descampado sin que se hubiera presentado cargo alguno en su contra.

 

La organización rusa de derechos humanos Memorial ha investigado y documentado los casos de varias personas que han sido declaradas culpables de diversos delitos en relación con el ataque de junio de 2004. Memorial ha encontrado datos que sugieren que las investigaciones llevadas a cabo por la unidad de investigación de la Dirección General de la Fiscalía del Estado en el distrito federal sur fueron irregulares; que a los sospechosos se los torturó y sometió a malos tratos; y que se les negó el acceso a un juicio con las debidas garantías. Amnistía Internacional ha entrevistado a varias personas cuyas declaraciones coinciden con las conclusiones de Memorial.

 

A lo largo de los últimos años, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han investigado muchos casos en los que se han presentado cargos contra hombres de origen checheno e ingushetio por delitos relacionados con el terrorismo, y por los que luego han sido condenados a partir de “confesiones” y testimonios extraídos bajo tortura.

 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Según informes, las fuerzas de seguridad han sometido a torturas u otros malos tratos a muchos hombres ingushetios y chechenos para extraerles “confesiones”. El Defensor de los Derechos Humanos de Chechenia, Nurdi Nukhazhiev, manifestó en marzo de 2007 que su oficina recibe muchas denuncias sobre “métodos ilegales de investigación”. Hasta la fecha han sido muy escasas las investigaciones que han terminado en el procesamiento de agentes encargados de hacer cumplir la ley por torturas, lo que ha generado un clima de impunidad en la región.

 

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) del Consejo de Europa, ha expresado pública y reiteradamente sus graves motivos de preocupación relativos a la tortura, los malos tratos y la detención ilegítima a manos de agentes del Estado en Chechenia. El CPT ha declarado que las investigaciones sobre casos en los que se habían denunciado malos tratos o detención ilegítima rara vez se habían llevado a cabo de forma eficaz, lo que ha contribuido a crear un clima de impunidad, y que las autoridades rusas no han reaccionado adecuadamente ante los motivos de preocupación planteados. 

 

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen a su destino lo antes posible, en español, en inglés o en su propio idioma:

-           instando a las autoridades a que no procedan a la extradición de Murad Gasayev a la Federación Rusa, independientemente de las “garantías diplomáticas” que haya recibido, dado que estaría en peligro de ser sometido a torturas u otros malos tratos;

-           instando a las autoridades españolas a que no envíen a Murad Gasayev a un tercer país en el que pudiera correr el riesgo de ser extraditado a la Federación Rusa;

-                     señalando que la devolución forzosa de Murad Gasayev a la Federación Rusa constituiría una infracción de las obligaciones internacionales de España, entre ellas las dispuestas en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

 

 

Ministro de Justicia

Mariano Fernández Bermejo

Ministerio de Justicia

San Bernardo, 45
28015 Madrid

España

Correo-e:        ministro@mju.es

Fax:                 +34 91 390 22 44

                        +34 91 390 22 68

Tratamiento:   Dear Minister / Señor Ministro

 

Vicepresidenta del Gobierno

María Teresa Fernández de la Vega

Vicepresidenta del Gobierno

Complejo de la Moncloa

28071 Madrid

España

Correo-e:        portal.presidencia@mpr.es

Fax:                 +34 91 390 04 34

Tratamiento:   Dear Vice President / Señora Vicepresidenta

Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: «Equipo AAUU - Respuesta»). Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por ejemplo «AU 25/99» o bien «EXTRA 84/99»). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo, indíquenoslo también en el dorso con las palabras «No acuse». Gracias por su colaboración.